El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para modificar el Régimen Disciplinario de la Administración Pública, con el objetivo de reducir los tiempos de los sumarios, incorporar herramientas digitales y reorganizar las competencias para investigar las faltas cometidas por agentes estatales.
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Sumarios a estatales: el Gobierno de Mendoza impulsa cambios en sanciones, plazos y notificaciones
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto para reformar el régimen disciplinario de los empleados estatales. Los cambios que propone.
La iniciativa propone sustituir el esquema establecido por la Ley 9.103 y surge, según explicó el Ejecutivo, de la experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de esa normativa.
Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de la Oficina General de Sumarios, que tendrá autonomía técnica y funcional y concentrará las investigaciones que requieran una intervención especializada.
Además, funcionarios, agentes y organismos públicos estarán obligados a colaborar ante sus requerimientos. La Oficina también podrá iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que eventualmente puedan constituir una falta disciplinaria.
Cómo cambiarían los sumarios en la Administración Pública
El proyecto establece una nueva distribución de competencias de acuerdo con la naturaleza y gravedad de las faltas.
Las infracciones consideradas de menor entidad podrán ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones donde se desempeña el agente involucrado. En esos casos también deberá garantizarse el derecho de defensa.
En cambio, la Oficina General de Sumarios quedará a cargo de aquellos expedientes que, por sus características o complejidad, necesiten una investigación especializada.
La propuesta incorpora además un procedimiento especial para determinadas causales objetivas de cesantía, como las inasistencias injustificadas, el abandono de servicio y la acumulación de sanciones de suspensión.
Para utilizar este mecanismo, los hechos deberán encontrarse acreditados mediante documentación o registros oficiales y el trabajador tendrá una instancia para ejercer su defensa.
Otro de los cambios apunta a evitar investigaciones paralelas cuando exista una vinculación entre los hechos analizados.
También se incorporan mecanismos alternativos para finalizar algunos procedimientos, entre ellos la suspensión del sumario a prueba y el sumario abreviado, siempre que las características del caso permitan aplicar estas herramientas.
Notificaciones por Mendoza por Mí y audiencias virtuales
La digitalización ocupa un lugar importante dentro de la reforma impulsada por el Ejecutivo. El proyecto establece que las citaciones y notificaciones se realicen prioritariamente a través de Mendoza por Mí (M×M). También podrán utilizarse otros medios electrónicos, siempre que permitan acreditar el envío, la recepción y el contenido de la comunicación.
Asimismo, podrán realizarse audiencias virtuales cuando esta modalidad facilite la participación de las personas involucradas o permita agilizar el trámite. Esas instancias deberán quedar registradas e incorporadas al expediente electrónico.
El objetivo oficial es que estas herramientas permitan disminuir tiempos y costos y mejorar la trazabilidad de las actuaciones administrativas.
Qué pasa con los derechos de los empleados públicos
Pese a los cambios en los procedimientos, la propuesta mantiene principios como el debido proceso, el derecho de defensa, la imparcialidad, la transparencia, la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones.
Además, establece que la apertura de un sumario no tendrá efectos sobre la carrera administrativa del agente involucrado, quien será considerado inocente hasta que exista una resolución que determine responsabilidad disciplinaria.
En cuanto a los tiempos, las informaciones sumarias tendrán un plazo de 30 días, con la posibilidad de una única prórroga por otros 30 días ante circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas.
El proyecto mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración. Para determinar cuál corresponde se deberán considerar, entre otros elementos, la gravedad de la falta, el perjuicio ocasionado, la jerarquía del agente y sus antecedentes.
Con la reforma, el Ejecutivo busca que las investigaciones disciplinarias puedan resolverse en plazos más acotados y determinar con mayor rapidez si existe o no responsabilidad administrativa, sin eliminar las garantías previstas para los trabajadores estatales.