El oficialismo reavivó en la Legislatura de Mendoza un proyecto que apunta a limitar el parque de máquinas tragamonedas de la provincia y a exigir asistencia a personas afectadas por el juego compulsivo. También prevé multas para las salas que incumplan.
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Reflotan un proyecto para limitar tragamonedas y ayudar a afectados por la ludopatía
En la Legislatura de Mendoza, más precisamente en la Cámara de Senadores, desarchivaron un proyecto contra el juego compulsivo. Los detalles de la iniciativa.
La iniciativa cuenta con media sanción desde hace varios años, pero el pasado miércoles fue sacado del archivo y tratado por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado.
Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer que las salas con dichas máquinas deberán implementar programas de juego responsable, con información visible sobre los riesgos de jugar compulsivamente. Además, deberán contar con una línea de asistencia gratuita para personas con ludopatía y capacitación al personal para identificar y asistir a quienes presenten conductas problemáticas.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) será la autoridad de aplicación y control de la norma, con facultades para relevar el parque actual de máquinas y sancionar a quienes incumplan.
Quienes impulsan el proyecto sostienen que busca desalentar el juego compulsivo, un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lo recoge en su clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992. "La práctica de juegos de azar se instaura como un problema social cada vez más arraigado que en la mayoría de los casos se traslada al entorno que lo rodea, con efecto negativo", fundamentó el oficialismo.
"En muchos casos, la ludopatía ha llegado a situaciones extremas, como por ejemplo una pérdida cuantitativamente significante del patrimonio de quien la padece. En algunas circunstancias, esto llega a ser perjudiciales para terceros, no solo por el daño económico, si no intrafamiliar", dice el proyecto.
Del archivo al debate
Presentado en 2018 por el entonces legislador Omar Sorroche, el proyecto obtuvo sanción en Diputados pero nunca llegó al recinto. Ahora, la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza avanzó en su desarchivado para atender la problemática del juego compulsivo.
El objetivo de poner nuevamente el tema en agenda fue "reflotar el debate sobre los límites al crecimiento del parque de tragamonedas", indicó la legisladora Natacha Eisenchlas.
El texto no será debatido aún por el pleno de la Cámara. El oficialismo decidió mantenerlo en análisis en comisiones para “enriquecer la discusión” antes de avanzar hacia su aprobación definitiva. Durante esta etapa, se pueden incorporar posibles modificaciones a la iniciativa original.
Qué dice el proyecto
- Se prohíbe la ampliación del número de máquinas tragamonedas existente en las salas de juego, públicas y privadas, instaladas en todo el ámbito de la Provincia de Mendoza.
- Se prohíbe ampliar en metros cuadrados el espacio físico de los casinos que a la fecha de sanción de la ley cuenten con habilitación para funcionar.
- La autoridad de aplicación será el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que estará encargada del relevamiento del actual del parque de máquinas de la Provincia.
- Se aplicarán multas desde el 5% y hasta el 50% de la recaudación promedio de la sala de juegos incumplidora. Se suspenderá hasta 30 días a las salas que incrementen el número de máquinas habilitadas o se produjeran ampliaciones del espacio físico.
- En el supuesto de reincidir en las conductas, el IPJyC estará facultado para revocar el permiso y la habilitación del lugar.
La Legislatura de Mendoza, contra la ludopatía
Esta iniciativa apunta a personas mayores de edad, que son quienes pueden ingresar a salas de juego y casinos. Sin embargo, meses atrás la provincia aprobó un proyecto apuntado a niños y adolescentes afectados por las apuestas en línea y a reforzar el control parental en el uso de billeteras electrónicas al que tienen acceso. En ese sentido, la Cámara de Senadores sancionó una ley impulsada por el diputado Félix González (PJ), que incorporó el artículo 44 a la Ley 5.547 de Defensa del Consumidor.
Allí se establece que, en los casos en que la relación de consumo incluya como responsable de la cuenta a un adulto, las plataformas deberán permitirle el acceso irrestricto a toda la información sobre consumos, movimientos de dinero, transferencias e inversiones que se realicen desde y hacia dicha cuenta. Además, deberá habilitarse la opción de cierre de la cuenta por parte del adulto responsable, sin necesidad de la intervención del menor.