El Gobierno Nacional presentó un nuevo escrito en Estados Unidos por la causa YPF. Por qué esto podría llevar a anular la sentencia en contra de la Argentina.
El Gobierno Nacional presentó un nuevo escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos por la causa YPF.
Foto: Yemel FilEl Gobierno Nacional presentó este martes un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el marco de la causa YPF ratificando su voluntad de colaborar en la investigación ante las sospechas de irregularidades en torno al ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera. Si eso se demuestra, se podría anularse la sentencia.
En medio del disputas judiciales con ese país, tras un fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska que ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación, que por ahora se encuentra frenado, el país respondió a la apelación interpuesta por la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG), que busca intervenir en el millonario juicio.
En el documento presentado, la Argentina ratificó su voluntad de colaborar con la Justicia de Estados Unidos ante las sospechas de corrupción en torno al ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera durante los mandatos presidenciales del kirchnerismo. Según la presentación oficial, si se llegara a confirmar que los empresarios ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso durante el proceso, el país podría iniciar acciones para anular la sentencia de Preska.
En el texto presentado, el Estado argentino dijo que "toma con seriedad todas las denuncias de corrupción", y se mostró "abierta a colaborar con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos" al respecto.
La Nación pidió que la apelación de RA4ARG se tramite por separado de su propia apelación contra el fallo de Preska, con el argumento que ambos reclamos abordan cuestiones legales diferentes. Es decir, por un lado el Gobierno discute el fondo del caso y, por otro, RA4ARG insiste en que se le niega indebidamente el derecho a intervenir como tercero interesado.
La ONG RA4ARG tiene un plazo de 21 días para responder a los argumentos esgrimidos tanto por la Argentina como por el fondo demandante. En forma independiente, también está pendiente de resolución un pedido de la organización para suspender la audiencia de la apelación de fondo del caso Petersen, programada para fines de octubre.
El conflicto judicial se remonta al 4 de mayo de 2012, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF, entonces en manos de Repsol. La ejecución de la medida ignoró una cláusula central del estatuto de la empresa, que exigía que cualquier cambio de control accionario implicara lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas.
La omisión de esta obligación estatutaria motivó la demanda judicial, bajo el argumento de que los accionistas minoritarios fueron perjudicados al no poder vender sus tenencias en igualdad de condiciones que Repsol, que más tarde recibió una compensación de 5.000 millones de dólares.
El 31 de marzo de 2023, la jueza Preska dictaminó que el Estado argentino incumplió los estatutos de YPF, aunque desligó a la propia compañía de responsabilidades y las derivó al Estado argentino. Finalmente, el 8 de septiembre, fijó la indemnización en 16.100 millones de dólares.
La causa de fondo, es decir, el fallo en primera instancia que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, está apelada ante la corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. Para fines de octubre se citaron a las partes para que presenten argumentos orales. Fuente: Ámbito e Infobae.
