La rectora de la UNCuyo explicó cuál es el impacto real en las finanzas académicas del refuerzo del 70% a los gastos de funcionamiento que envió la Nación.
Adorni anunció un aumento del presupuesto universitario
Precedida de un curioso análisis boxístico sobre sus virtudes pugilísticas y las del vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó -en la conferencia del viernes- que la Nación realizó un “reajuste en torno al 70%” de los presupuestos de las universidades públicas del país.
Sin embargo, la información brindada por el funcionario del gobierno de Javier Milei es engañosa, ya que ese aumento de las partidas efectivizado en marzo sólo se otorgó para el financiamiento de los gastos de funcionamiento, que representan el 10% de la pauta de erogaciones de las casas académicas del sector público. La mayor porción de la torta se la lleva el pago de salarios al personal docente y no docente.
Así lo explicó a Sitio Andino la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, quien esta semana invitó a diversos sectores sociales y políticos de Mendoza a firmar un petitorio para que la educación sea incluida en el “Pacto de Mayo” al que convocó Javier Milei.
La máxima autoridad de la entidad académica provincial especificó que el refuerzo que envió la Secretaría de Educación tiene un escaso impacto en el manejo de los recursos universitarios.
“Alcanza para cubrir algunos incrementos, sobre todo de servicios básicos como la energía y el gas; y cuestiones vinculadas a comunicaciones, pero no la totalidad ”, reveló Sánchez.
Si bien aclaró que por el momento la UNCuyo puede funcionar con los recursos girados por la esfera federal, la situación es insostenible en el tiempo.
Lo cierto es que las universidades se están manejando con una prórroga del presupuesto 2023, que estimaba una inflación del 60%, por lo tanto la caída en términos reales casi triplica el refuerzo enviado por la Nación.
Otra de las complejidades que afronta la universidad es el freno a los diferentes programas universitarios, que impactan en materia de infraestructura (se debieron postergar licitaciones para nuevos edificios), investigación, tecnología y extensión.
Sin embargo, la rectora se mostró optimista de que el diálogo con las autoridades educativas del país lleguen a buen puerto y se logre arribar a un “acuerdo de todo el sistema universitario”, que valore la “importancia social” de la universidad.