En la antesala de la huelga nacional docente convocado para este lunes 3 de agosto, el Ministerio de Capital Humano anunció que realizará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de la normativa que establece a la educación como servicio esencial. La medida busca constatar que durante la jornada de protesta se garantice al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
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Paro nacional docente: el Gobierno controlará que las escuelas garanticen el 75% de clases
El Gobierno anunció controles en establecimientos de todo el país por la huelga convocada por CTERA. Advirtió que podría aplicar sanciones ante incumplimientos.
A través de un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que llevará adelante una inspección muestral en escuelas de distintas provincias, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El objetivo será controlar que las organizaciones sindicales que impulsan la medida de fuerza respeten el porcentaje mínimo de funcionamiento exigido por la Ley N.º 27.802, cuyo artículo 101 declara a la educación como un servicio esencial.
El Gobierno nacional advirtió que, en caso de detectar incumplimientos durante los controles, se activarán los procedimientos previstos para aplicar las sanciones correspondientes.
Desde el Ejecutivo señalaron que, si bien la administración de los establecimientos educativos es una responsabilidad de cada jurisdicción, el Estado nacional tiene el deber de garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes, conforme a las competencias establecidas por la Constitución Nacional. En ese sentido, el comunicado oficial también exhortó a todos los actores del sistema educativo a cumplir con la normativa vigente y a priorizar la continuidad de las clases. Según expresó el Ministerio, el objetivo es brindar mayor previsibilidad a las familias durante una jornada atravesada por la protesta gremial.
Qué reclama CTERA en el paro nacional docente
La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que confirmó un paro nacional de 24 horas en reclamo de una nueva negociación salarial y mayores recursos para el sistema educativo.
La protesta tendrá alcance en todo el país e impactará en los niveles inicial, primario y secundario. Además, coincidirá con el regreso a clases tras el receso invernal en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
Desde el gremio sostuvieron que el gobierno de Javier Milei mantiene una "permanente negativa" a convocar la Paritaria Nacional Docente, ámbito en el que históricamente se definían el salario mínimo del sector y otros aspectos vinculados a las condiciones laborales.
Entre los principales reclamos de CTERA se destacan:
- Recomposición salarial para los docentes;
- Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID);
- Mayor financiamiento educativo;
- Más inversión en infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles y conectividad;
- Defensa del sistema previsional docente;
- Rechazo a los recortes en las partidas nacionales destinadas a educación.
Según la organización sindical, el salario mínimo docente nacional se ubica actualmente en $500.000, monto que, aseguran, perdió poder adquisitivo frente a la inflación y motivó la convocatoria a una nueva jornada nacional de protesta.
El anuncio de las inspecciones profundiza un conflicto que ya enfrentaba al Gobierno nacional y a los gremios docentes por la vigencia de la norma que incorporó a la educación dentro de los servicios esenciales, obligando a mantener un porcentaje mínimo de actividad durante las medidas de fuerza.
En paralelo, otros sindicatos del sector también anunciaron acciones de protesta. La Unión Docentes Argentinos (UDA), integrante de la CGT, comunicó un plan de lucha que incluirá clases públicas, volanteadas y movilizaciones, aunque descartó adherir a un paro general. Desde esa organización explicaron que la decisión responde al escenario legal actual y a la posibilidad de recibir sanciones por incumplir los servicios mínimos establecidos por la normativa vigente.