Desde el peronismo mendocino solicitan que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes intervenga en la provincia para conocer si se están vulnerando derechos en relación al acceso a la salud de los infantes.
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Para el peronismo, el acceso a la salud de niños y niñas está siendo vulnerado
Legisladores del PJ piden intervención de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes ante la grave situación pediátrica en la provincia de Mendoza.
Los legisladores que elevaron este pedido son: Cecilia Juri, Florencia Canali, Helio Perviú (senadores); Valentina Morán, Marisa Garnica y Bruno Ceschín (diputados).
El objetivo principal es que se articulen los organismos pertinentes nacionales y provinciales y que se implementen “con carácter de urgente” las medidas y acciones necesarias para asegurar y garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes consagrado constitucional, convencional y legalmente.
“Necesitamos que la defensora intervenga y arbitre acciones porque consideramos que los derechos de los niños a la salud y el acceso a la misma podrían estar siendo vulnerados”, expresaron en el comunicado.
Además, agregan que en las últimas semanas se ha visto drásticamente reducida la atención en guardias pediátricas de centros asistenciales, tanto públicos como privados. En paralelo, la asociación que nuclea a los profesionales de la salud (AMProS) ha denunciado falta de políticas públicas para el sector de la salud, que se traduce en renuncias de médicos que se trasladan a otras provincias u otros países para ejercer su profesión.
“La falta de pediatras en los hospitales impide que los niños reciban la atención médica especializada que necesitan para mantener y mejorar su salud. Esto constituye una violación directa de los derechos establecidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño”, resalta el escrito.
Este organismo a cargo de Marisa Graham, quien tiene entre sus funciones participar activamente en la defensa y resguardo de la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional, de manera independiente, fiscalizando y controlando la aplicación del sistema de protección integral y supervisando los actos que involucren directamente a esta población, especialmente aquellos emanados de organismos públicos.