Empieza una compleja semana para el gobierno de Javier Milei
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el costo del operativo antipiquetes aplicado el pasado 20 de diciembre le costó al Estado unos $60 millones y aseguró que el Gobierno identificó a unas 14 organizaciones sociales.
El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado" contra organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales "se podrían relacionar directamente" con ese delito.
Así lo informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales -entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita- y consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que "será la factura que se le pasará a los movimientos sociales".
Además, Adorni afirmó que recibieron unos 15.900 llamados a la línea 134, habilitada por el gobierno para denunciar a punteros y organizaciones sociales que amenacen a beneficiarios de planes sociales con dejar de entregarles el dinero si no participan de la marcha, y manifestó que “hay 32 personas denunciadas por extorsión”.
Según indicó el ministerio de Seguridad en un informe, se hizo la denuncia a los Tribunales Federales por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales. La denuncia recayó en el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello y la Fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita.
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