El Gobierno nacional decidió profundizar los controles para detectar extranjeros en situación migratoria irregular en todo el país, mediante operativos territoriales, cruces de información y nuevas herramientas tecnológicas.
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Nuevos controles a extranjeros en Argentina: quiénes pueden ser expulsados y qué revisará Migraciones
Migraciones ampliará los operativos junto con las fuerzas federales y sumará cruces de datos y nuevas alertas. Las medidas tendrán alcance en todo el territorio nacional.
La estrategia está a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones y contempla procedimientos coordinados con las fuerzas federales. El esquema tiene alcance nacional y, por lo tanto, también podrá desplegarse en Mendoza, tanto en controles territoriales como en zonas de ingreso y egreso del país.
Según explicaron fuentes oficiales, Migraciones determina dónde realizar los procedimientos a partir de tareas de campo y del análisis de los lugares donde existe una mayor concentración o circulación de extranjeros.
Los operativos pueden programarse previamente o activarse ante un requerimiento y cuentan con la participación de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Además, el Gobierno sostiene que no es necesario avisar previamente a las administraciones provinciales cuando se realizan operativos federales.
Qué pasa si detectan a un extranjero en situación irregular
Las consecuencias dependerán de la situación migratoria de cada persona.
Si un extranjero tiene vencido su plazo de permanencia en Argentina o necesita completar un trámite de residencia, Migraciones puede intimarlo para que regularice su situación.
Distinto es el caso de quienes hayan ingresado al país ilegalmente. Allí puede iniciarse un procedimiento migratorio que eventualmente derive en una expulsión del territorio argentino.
Si existen causas judiciales pendientes, intervienen las fuerzas correspondientes. En tanto, ante un requerimiento internacional se activa el circuito judicial.
El endurecimiento de los controles tiene como antecedente el DNU 366/2025, que amplió las facultades de Migraciones para requerir documentación que permita acreditar la identidad y situación migratoria de las personas.
La normativa también habilitó procedimientos de inspección y fiscalización y estableció que quienes ingresen por pasos no habilitados o eviten los controles migratorios pueden quedar sujetos a expulsión.
Más controles y nuevas alertas migratorias
La política se profundizó durante 2026 con la creación del Programa de Seguridad Migratoria, que estableció un trabajo coordinado entre Migraciones y las cuatro fuerzas federales.
La medida también dispuso la conformación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de esas fuerzas para realizar tareas de prevención, detección e investigación de ilícitos vinculados con cuestiones migratorias.
Los operativos ya comenzaron a realizarse en diferentes provincias. En Rosario, por ejemplo, unos 60 agentes controlaron a alrededor de 420 personas y detectaron a ocho extranjeros con irregularidades migratorias. Entre ellos había un ciudadano chino con una orden de expulsión.
También hubo procedimientos en Salta y Misiones.
El Gobierno suma tecnología a los controles
En paralelo, Migraciones avanza con una reorganización tecnológica para incrementar los cruces de datos.
El organismo busca centralizar la información de los pasajeros que ingresan y salen de Argentina mediante aeropuertos internacionales y terminales de cruceros. Los sistemas permiten además cruzar movimientos migratorios con información de Interpol y datos anticipados aportados por las compañías de transporte.
A esto se suma la creación del Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), integrado por Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
El objetivo es producir nuevas alertas mediante análisis de riesgo y cruces automatizados de información.
De esta manera, el Gobierno busca extender los controles migratorios en el territorio y acelerar la detección de personas que no tengan regularizada su permanencia en Argentina, dentro de una política que la Casa Rosada anticipa que continuará profundizando.