El crecimiento de la minería en Argentina plantea un nuevo debate sobre las condiciones necesarias para sostener las inversiones y acompañar el desarrollo de los proyectos. La estabilidad de las reglas de juego, la actualización de la legislación y la coordinación entre las provincias aparecieron como algunos de los principales desafíos durante un panel realizado este viernes.
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Minería: las leyes que Argentina necesita cambiar para atraer inversiones y el desafío que enfrenta Mendoza
Durante un panel sobre el marco normativo minero, diputados nacionales de Mendoza y Catamarca analizaron los desafíos del federalismo, la seguridad jurídica y los controles ambientales.
Bajo el título "Cómo funciona el marco normativo de la minería en Argentina desde una mirada federal", en la II Cumbre de Minería Sostenible que se lleva a cabo en Mendoza, los diputados nacionales por Mendoza Pamela Verasay y Lisandro Nieri, junto a la legisladora por Catamarca Fernanda Ávila, analizaron las herramientas legales disponibles y las modificaciones que consideran necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad.
Las exposiciones coincidieron en un punto: Argentina necesita generar condiciones de previsibilidad para los inversores, pero también fortalecer los mecanismos de control y la articulación entre las jurisdicciones.
Pamela Verasay: actualizar las leyes y coordinar el federalismo
La diputada nacional Pamela Verasay puso el foco en la necesidad de adaptar la legislación minera a las características actuales de la actividad.
Según planteó, parte del marco normativo fue diseñado para una minería diferente de la que hoy se busca desarrollar, por lo que consideró necesario avanzar en su actualización.
En ese sentido, destacó los avances legislativos vinculados con las inversiones mineras y sostuvo que cada definición normativa tiene consecuencias sobre las decisiones de las compañías.
Otro de los puntos centrales de su exposición fue el funcionamiento del federalismo argentino. Verasay advirtió que, en ocasiones, la organización federal es interpretada como una fragmentación administrativa que dificulta el desarrollo de los proyectos.
"El federalismo, más que una fragmentación, necesita de todos nosotros poder coordinar para que no haya 24 sistemas distintos, sino de alguna manera alinear y compatibilizar", expresó.
La legisladora defendió la necesidad de respetar las competencias provinciales sobre los recursos naturales, pero consideró indispensable avanzar hacia criterios compatibles que permitan reducir las dificultades administrativas y regulatorias.
Para Verasay, el desafío consiste en transformar esa diversidad de jurisdicciones en un federalismo coordinado que facilite el desarrollo minero sin desconocer las autonomías provinciales.
Lisandro Nieri: el desafío de garantizar reglas que no cambien
Por su parte, Lisandro Nieri destacó los avances que significó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para mejorar las condiciones de desarrollo de proyectos de gran escala.
El diputado mendocino señaló que el régimen permitió ofrecer mayores certezas a las compañías, particularmente en materia tributaria, acceso a divisas y mecanismos para resolver controversias.
En ese marco, mencionó la existencia de más de 2.000 millones de dólares en inversiones aprobadas, además de otros proyectos que se encuentran en evaluación.
Sin embargo, sostuvo que el principal desafío de Argentina es construir un escenario de estabilidad que vaya más allá de los beneficios establecidos para determinados emprendimientos.
Nieri consideró que el país debe avanzar hacia un marco general de previsibilidad, de manera que las condiciones favorables no queden limitadas a los proyectos alcanzados por el RIGI.
También mencionó otras discusiones legislativas, entre ellas la reforma laboral y la posibilidad de recategorizar determinados minerales críticos, como las tierras raras.
Pero su principal advertencia estuvo dirigida a la confianza de los inversores.
"Tenemos que lograr reafirmar al inversor permanentemente que las reglas que están hoy no se van a cambiar. Las cambiamos muchísimas veces y ese miedo existe", sostuvo.
Para el legislador, la construcción de consensos políticos amplios es fundamental para garantizar que las normas puedan sostenerse en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno.
Fernanda Ávila: controles ambientales y licencia social
Desde la experiencia de Catamarca, Fernanda Ávila incorporó al debate otra dimensión: la responsabilidad de las provincias en el control de la actividad minera y la necesidad de fortalecer la confianza de las comunidades.
La diputada destacó que el federalismo permite que cada provincia administre sus recursos naturales y mantenga una relación más cercana con los proyectos, los trabajadores y las poblaciones involucradas.
Sin embargo, advirtió que esa autonomía también implica mayores responsabilidades en materia de fiscalización.
Ávila consideró necesario mejorar permanentemente los mecanismos de seguimiento, transparencia y capacitación de los organismos encargados del control ambiental.
"Hay desconfianza, sí, no podemos decir mucho en eso", reconoció al referirse a las preocupaciones que todavía existen alrededor de la actividad.
En ese sentido, sostuvo que la calidad de la gestión pública resulta determinante para construir y mantener la licencia social de los proyectos mineros.
También destacó el crecimiento que experimentó el debate sobre la minería en provincias que históricamente no tenían un desarrollo significativo de la actividad, como Mendoza.
Para la legisladora, ese cambio representa una oportunidad, pero también exige mejorar la comunicación con las comunidades y garantizar el acceso a información sobre los proyectos y sus controles.
Mendoza y el desafío de una minería con reglas claras
El intercambio entre los legisladores dejó planteada una discusión que tiene especial relevancia para Mendoza, donde el avance de nuevos proyectos mineros exige definiciones sobre inversiones, controles y participación provincial.
Mientras Verasay insistió en la necesidad de compatibilizar las normas dentro del sistema federal, Nieri puso el acento en la estabilidad jurídica y Ávila remarcó la importancia de sostener la confianza social mediante controles efectivos.
Las tres perspectivas reflejan que el desarrollo de la minería no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos naturales o del interés de las compañías.