La cartera encabezada por Mercedes Rus ya tiene confirmado su formato, que fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Mendoza.
La cartera encabezada por Mercedes Rus ya tiene confirmado su formato, que fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Mendoza.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza oficializó el nuevo organigrama de la cartera conducida por Mercedes Rus. La estructura publicada en el Boletín Oficial responde a la necesidad de adaptarse a los cambios en la conflictividad social y en las modalidades delictivas actuales.
Una de las novedades más significativas se da en la creación de la Subsecretaría de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, a cargo del ingeniero en Sistemas de Información Leandro Biskupovich, y cuya misión será clave en la cartera.
El segundo cambio tiene que ver con elevar Investigaciones a Dirección General, área que seguirá a cargo del comisario general retirado José Vega. El tercero apuntará a fortalecer el trabajo en territorio al diseñar estratégicamente la Dirección General de Relaciones con la Comunidad. Este lugar será ocupado por Hernán Amat.
El abogado, especializado en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad Nacional de Cuyo y posgraduado en Gestión y Políticas Públicas Metropolitanas por la Flacso, Hernán Amat, será quien ocupe este lugar.
Se establece la Dirección General de Relaciones con la Comunidad, que tendrá a su cargo tres áreas claves: la Dirección de Relaciones con la Comunidad, la Dirección de Participación Comunitaria y la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento.
La incorporación de la Subsecretaría de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad responde a la impronta de entender que las modalidades delictivas han cambiado. Es por ello que desde la cartera se ha incorporado mucha tecnología como videovigilancia, GPS, registros biométricos y se estudian nuevos sistemas de inteligencia artificial para una prevención más oportuna.
En tanto que el cambio de rango de Investigaciones refleja una decisión estratégica destinada a otorgar una mayor preponderancia y relevancia a las labores investigativas en el ámbito de la seguridad y la justicia. Además, responde a la necesidad de ajustar y fortalecer las capacidades de investigación, especialmente en delitos prioritarios como homicidios, robos agravados y robos simples.
“No solo implica un ajuste administrativo, sino que también subraya la relevancia estratégica que se le otorga al trabajo de investigación en la prevención y esclarecimiento de los delitos”, explicaron desde Seguridad y Justicia.