Mendoza se adapta al Régimen Penal Juvenil: qué cambiará desde septiembre para los menores de edad

“A partir del 5 de septiembre, cualquier joven o adolescente desde los 14 años que cometa un delito estará sujeto a la responsabilidad penal, a este nuevo sistema nacional. Mendoza tiene un fuero penal especializado que va a trabajar y abordar ese caso”, explicó la ministra.

Durante la presentación, la vicegobernadora Hebe Casado destacó el trabajo realizado para adecuar la normativa provincial a las modificaciones impulsadas a nivel nacional y remarcó la decisión de Mendoza de avanzar con rapidez en la implementación del nuevo régimen.

La vicegobernadora señaló que la iniciativa busca incorporar al sistema provincial los cambios considerados beneficiosos de la nueva legislación nacional y destacó que el proyecto comenzará a ser debatido esta semana, con la participación de distintos expositores.

Qué propone Mendoza para adaptar el Régimen Penal Juvenil

El proyecto fue elaborado de manera conjunta por los ministerios de Seguridad y Justicia y de Educación, Cultura, Infancias y DGE. Contiene más de 110 artículos y se divide en dos grandes ejes.

Por un lado, propone reorganizar los dispositivos que dependen del Poder Ejecutivo para la atención y el seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Por otro, incorpora como anexo un nuevo Código Procesal Penal Juvenil para Mendoza.

El objetivo es establecer cómo deberán actuar la Policía, los fiscales, los jueces y los organismos provinciales ante delitos cometidos por adolescentes.

La propuesta contempla que los jóvenes sean reconocidos como personas en proceso de desarrollo, con derechos y garantías específicas, pero también como sujetos que tienen obligaciones y deben responder por sus acciones.

“Es una persona joven en condición de desarrollo, pero también es un sujeto de derecho con obligaciones y responsabilidades para la sociedad en la que se inserta”, indicó Rus.

El tratamiento legislativo comenzaría este jueves en comisiones, donde el oficialismo pretende convocar a especialistas y actores vinculados con la Justicia, la seguridad, las infancias y la responsabilidad penal juvenil.

Cómo actuará la Policía con los adolescentes desde los 14 años

En términos operativos, la intervención policial con los adolescentes de 14 y 15 años será similar a la que actualmente se aplica con los jóvenes de entre 16 y 18.

Cuando un adolescente sea aprehendido en la vía pública, deberá ser llevado a una dependencia policial para su identificación y permanecer allí el menor tiempo posible. Luego tendrá que ser trasladado a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia —Upana—, el espacio especializado para estos casos.

Rus aseguró que la Provincia garantizará que los adolescentes de 14 y 15 años permanezcan separados de los jóvenes de 16 y 17, tanto durante el primer abordaje como ante una eventual privación de la libertad.

La ministra explicó que el nuevo código también regulará la prisión preventiva, los procedimientos ante delitos en flagrancia, la intervención de fiscales especializados y los casos en los que participen conjuntamente menores y adultos.

Además, estableció que el juicio por jurados no se aplicará a los procesos contra adolescentes.

Todos los delitos tendrán una respuesta judicial

Uno de los principales cambios será que los jóvenes de 14 y 15 años dejarán de ser considerados inimputables. Hasta ahora, cuando un menor de 16 años era vinculado con un hecho delictivo, podía existir una investigación sobre lo ocurrido, pero no se avanzaba en el análisis de su responsabilidad penal ni en la imposición de una condena.

A partir del 5 de septiembre, el fiscal penal juvenil podrá investigar al adolescente como una persona penalmente responsable.

La nueva normativa nacional también comprende todos los delitos, no únicamente los hechos de mayor gravedad.

“Cualquier delito cometido por un joven va a ser pasible de un proceso. Eso no quiere decir que vaya a tener una pena privativa de la libertad, pero sí que habrá un proceso”, aclaró Rus.

Educación y capacitación como posibles penas

El Gobierno provincial sostiene que la prisión deberá continuar siendo el último recurso. El eje central estará puesto en las medidas alternativas, la educación, la capacitación laboral y la reinserción social.

Entre las sanciones que podrá disponer un juez aparecen la obligación de terminar la escuela secundaria, aprender un oficio o realizar una capacitación laboral.

Para controlar el cumplimiento se incorporará la figura de un supervisor, que deberá seguir la evolución del adolescente y verificar que respete las condiciones impuestas por la Justicia.

Si el joven incumple reiteradamente, el juez podrá revisar la medida y avanzar hacia una sanción más severa. Rus afirmó que esas herramientas podrían ayudar a interrumpir la vinculación de los adolescentes con ambientes delictivos.

“La figura del supervisor estará encargada de controlar que ese joven termine sus estudios, adopte un oficio o haga una capacitación laboral. Son penas que puede imponer el juez como condena”, señaló.

Según la ministra, el propósito no será únicamente castigar, sino “cortar el circuito delictivo” y reinsertar socialmente al adolescente.

Cuántos jóvenes están involucrados en delitos en Mendoza

Durante 2025, Mendoza registró 511 jóvenes de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley penal.

De ese total, 46 recibieron una pena privativa de la libertad. Es decir, cerca del 9% terminó en un establecimiento cerrado, mientras que el 91% restante atravesó medidas alternativas.

El Gobierno provincial espera que una proporción similar se mantenga cuando el sistema incorpore a los adolescentes de 14 y 15 años.

Rus señaló que, entre los hechos atribuidos hasta ahora a jóvenes que eran inimputables, alrededor del 9% correspondió a robos y el 22% a lesiones.

“No tenemos incidencia de jóvenes en delitos graves”, sostuvo. Según los registros presentados por la funcionaria, durante el último año hubo un solo homicidio vinculado con un menor que no tenía edad de imputabilidad y se produjo en un contexto de violencia intrafamiliar.

Los datos oficiales indican que la mayoría de los adolescentes sometidos a procesos penales reciben medidas no privativas de la libertad, una tendencia que la Provincia prevé conservar bajo el nuevo régimen.

Infraestructura y una deuda en el Valle de Uco

La ampliación de la edad de responsabilidad penal obligará a Mendoza a fortalecer la infraestructura y los equipos destinados al abordaje juvenil.

Rus aseguró que la Provincia cuenta con condiciones para comenzar a aplicar la ley desde septiembre, debido a que solo entre el 8% y el 9% de los jóvenes procesados recibe penas de encierro.

No obstante, reconoció que será necesario reforzar progresivamente los espacios disponibles. En cuanto a las sedes de Upana, la ministra informó que la única región que todavía no cuenta con una unidad propia es el Valle de Uco.

“Solo nos falta sede en Valle de Uco. Allí no tenemos gran incidencia, pero está pensado proyectivamente abrir una sede”, explicó.