Distinguida en la Legislatura por el programa "Los Jueces de los Hechos", la magistrada de San Rafael explicó cómo nació la iniciativa que acercó la Justicia a 4 mil estudiantes.
La jueza del TPC Nº1 de San Rafael dio detalles con Andino Streaming del programa que ideó.
Foto: Cristian Lozano
Lo que comenzó como una propuesta para explicar el funcionamiento del juicio por jurados terminó convirtiéndose en una experiencia educativa que ya alcanzó a más de 4 mil estudiantes y 60 grupos escolares del sur de Mendoza. Detrás de “Los Jueces de los Hechos” está María Eugenia Laigle, jueza del Tribunal Penal Colegiado Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, quien impulsó el programa que funciona en San Rafael para acercar el Poder Judicial a las escuelas secundarias.
La iniciativa fue distinguida por la Legislatura de Mendoza por su aporte a la educación cívica y la formación democrática de los jóvenes. En una entrevista con Andino Streaming, Laigle repasó cómo nació el proyecto, el impacto que tuvo entre los estudiantes y la importancia de que la ciudadanía conozca de cerca el funcionamiento de la Justicia.
El programa surgió en 2021 a partir de la implementación del juicio por jurados en Mendoza, en cumplimiento de la ley por la cual se aplicó el sistema, en cuanto a la obligación de capacitar a la ciudadanía sobre esta modalidad de participación en la administración de justicia.
El nombre de la propuesta nació de una explicación que Laigle suele darles a los ciudadanos convocados para integrar un jurado: “En todo juicio por jurados hay dos jueces. Yo soy uno (el técnico), el juez de derecho; ustedes son los jueces de los hechos”.
La primera etapa consistió en visitar escuelas secundarias de todo el Sur provincial para explicar cómo funciona el sistema. Sin embargo, el interés de los alumnos llevó a ampliar la propuesta: comenzaron a invitarlos al Palacio Judicial de San Rafael, donde reciben charlas sobre la división de poderes, los valores republicanos y la organización de los tribunales, recorren las instalaciones y presencian audiencias penales reales.
“Ese encuentro es hermoso, es muy gratificante”, resumió Laigle al describir la experiencia con estudiantes, docentes y preceptores. Reveló que, en ese ámbito, los jóvenes descubren cómo se trabaja dentro del Poder Judicial y comprenden la importancia de principios constitucionales fundamentales, como la presunción de inocencia, la imparcialidad de los jueces y la publicidad de los actos judiciales.
La jueza destacó, además, el esfuerzo para que la propuesta llegue también a escuelas alejadas y a estudiantes con menos recursos, mediante la gestión de traslados. El objetivo es que la distancia no impida conocer de primera mano una institución que, para muchos, resulta desconocida.
El paso siguiente fue llevar la experiencia todavía más lejos: que los propios estudiantes se convirtieran en protagonistas de un juicio por jurados.
El Colegio del Carmen PS-029 de San Rafael incorporó la propuesta a su proyecto pedagógico y comenzó a preparar simulacros que reproducen las distintas instancias de un proceso penal con jurado popular. La organización involucra a estudiantes, docentes y profesionales de diferentes áreas, con una preparación que demanda entre siete y ocho meses.
Los alumnos asumen los roles de fiscales, defensores, acusados, testigos, peritos, intérpretes (uno de los testigos habla en idioma extranjero) e incluso periodistas. Para ello, reciben capacitaciones de miembros del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y especialistas en medicina forense, psicología, psiquiatría, criminalística, genética y comunicación, entre otras disciplinas.
La experiencia culmina con un juicio simulado abierto a la comunidad en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. La cuarta edición está prevista para el próximo 20 de octubre.
Laigle destacó especialmente la seriedad con la que los estudiantes asumen el desafío. No hay un guion que determine el resultado del juicio: los participantes deben aplicar las herramientas aprendidas, presentar sus argumentos, formular objeciones y analizar las pruebas.
El ejercicio incluye incluso la selección de los jurados mediante un sorteo realizado el día anterior entre los estudiantes de quinto año de todas las modalidades, como sucede en un proceso real. Luego de escuchar a las partes, los doce integrantes deben deliberar en secreto y alcanzar un veredicto. Si es unánime, la sentencia queda firme; si no, se declara el juicio estancado.
Más allá del aprendizaje jurídico, la propuesta busca que los jóvenes descubran distintas vocaciones y desarrollen capacidades como la oratoria, el pensamiento crítico, la investigación y el trabajo en equipo.
Para Laigle, uno de los principales aportes del programa es que permite comprender que la Justicia no es una institución ajena a la sociedad, sino un ámbito en el que los ciudadanos también pueden tener una participación directa.
“Es importante hacerlo porque, a partir de la sanción de la ley de juicio por jurados, la ciudadanía ya puede ejercer el derecho de participar en la administración de justicia y tomar decisiones de manera directa. Y para eso hay que conocerlo; si no se conoce, no se puede ejercer”, sostuvo.
La jueza considera que presenciar una audiencia permite entender cuestiones que suelen perderse cuando un caso se conoce únicamente a través de noticias o de las primeras impresiones sobre un hecho. Entre ellas, la necesidad de analizar las pruebas, respetar el derecho de defensa y evitar que los prejuicios determinen una decisión.
Ese aprendizaje, afirmó, alcanza tanto a los estudiantes como a los docentes y demás integrantes de la comunidad que participan de las visitas. La intención es que la experiencia trascienda las aulas y contribuya a formar ciudadanos más conscientes de sus derechos y responsabilidades.
Laigle es una defensora del sistema de juicio por jurados, implementado en Mendoza desde 2018 en el fuero penal para delitos más graves, principalmente homicidios.
La magistrada aseguró que la experiencia acumulada a lo largo de estos ocho años demuestra que la sociedad mendocina está capacitada para intervenir en estas decisiones. “El resultado es muy satisfactorio. La sociedad mendocina está plenamente capacitada para dictar sentencia, para alcanzar veredictos de manera unánime”, afirmó.
Uno de los aspectos que más valoró es la legitimidad que, a su entender, adquieren las decisiones cuando son tomadas directamente por ciudadanos. Si bien indicó que alrededor del 80% de las veces los jueces técnicos habrían llegado a la misma conclusión que el jurado, el origen popular del veredicto contribuye a que la decisión sea recibida sin mayores objeciones por la sociedad.
También destacó la capacidad de los doce integrantes del jurado para ponerse de acuerdo, pese a tener distintas edades, formación e historias de vida. Deben escuchar las pruebas, discutir las alternativas y alcanzar una decisión unánime, incluso cuando los jueces les presentan varias opciones de veredicto. “Estamos hablando de una ciudadanía muy responsable, que se sienta, charla, discute, se escucha y está dispuesta a cambiar la propia opinión”, reflexionó.
Para Laigle, esa experiencia tiene un valor que excede el ámbito judicial: “La democracia necesita de consensos, de aprender a escucharse”. En esa idea también se resume el espíritu de “Los Jueces de los Hechos”: acercar la Justicia a las nuevas generaciones no solo para que conozcan cómo funciona, sino para que comprendan que la participación, el respeto por las reglas y la capacidad de escuchar a los demás son parte fundamental de la vida democrática en cualquier comunidad.
