La defensa de los recursos naturales en Malvinas es el punto de partida del proyecto que el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional y envió al Parlamento la semana pasada. La iniciativa esconde un preocupante cambio en la organización de la seguridad nacional y en las atribuciones del Poder Ejecutivo.
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Malvinas: qué dice el PRO sobre la Ley de Soberanía de Javier Milei
El proyecto de Milei combina sanciones por explotación de recursos en Malvinas con una reforma de la seguridad nacional que amplía las facultades del Ejecutivo.
Según el informe de la Fundación Pensar sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto combina sanciones contra la explotación sin autorización argentina con la creación de un consejo encabezado por el Presidente, mayores funciones para las Fuerzas Armadas y herramientas para actuar frente a “amenazas externas” poco claras. El alcance de esas facultades y los controles sobre su ejercicio constituyen el núcleo más delicado de la discusión.
Sea Lion, el origen del proyecto
La Fundación Pensar (think tank del PRO) señala que, en diciembre pasado, Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited anunciaron la Decisión Final de Inversión para poner en marcha el yacimiento Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería argentina respondió con un rechazo formal y sostuvo que esas actividades no contaban con autorización nacional. En medio de una tensión política inédita por las posiciones probritánicas de Javier Milei, el Gobierno utilizó ese hecho como excusa para cambiar radicalmente su postura sobre Malvinas. Así, anunció y envió al Parlamento el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que hoy circula por el Congreso: una iniciativa que amplía sanciones, crea registros públicos y propone rediseñar buena parte del entramado institucional de la defensa argentina.
De Macri a Milei, una misma matriz
Pensar destaca que, durante el gobierno de Mauricio Macri, el PRO consensuó un documento con los lineamientos del partido sobre la Cuestión Malvinas. Allí se reafirmó, en sintonía con la Constitución Nacional, la soberanía legítima e imprescriptible sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y se sostuvo que su recuperación constituye un objetivo permanente del pueblo argentino. El texto se apoyó también en la Resolución 2065 de la ONU, de 1965, que reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido e invitó a negociar. Sobre esa base, la gestión macrista impulsó una agenda de diálogo bilateral con Londres que incluyó avances en el Proyecto Humanitario para identificar a los combatientes caídos en 1982.
Según el análisis de la fundación vinculada al macrismo, la primera etapa de Javier Milei no rompió con esa lógica. La reunión que mantuvieron la entonces canciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, el 24 de septiembre de 2024, retomó buena parte de esas líneas: la tercera fase del Proyecto Humanitario, los viajes de familiares de caídos, la conservación de recursos pesqueros y la reanudación del vuelo semanal entre San Pablo y las islas, con escala en Córdoba. ¿Continuidad de Estado o simple pragmatismo? Lo cierto es que, durante meses, la relación bilateral pareció seguir la misma política de construcción de confianza que había definido la presidencia de Mauricio Macri.
El quiebre
Para la fundación, ese clima cambió con el anuncio de Sea Lion. La Cancillería no solo rechazó la decisión de las petroleras: profundizó un Plan de Acción sobre Hidrocarburos que combinó gestiones diplomáticas, herramientas jurídicas y medidas administrativas para desalentar la participación de terceros en el proyecto. Se enviaron cerca de 180 notificaciones a través de 29 representaciones diplomáticas argentinas, dirigidas a empresas y actores vinculados directa o indirectamente con la explotación. El Gobierno decidió entonces que la estrategia necesitaba un respaldo normativo más sólido. De allí surgió la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El análisis de la fundación del PRO deja de lado, insólitamente (¿o no tanto?), todo el trasfondo político de la fascinación thatcheriana de Javier Milei y las consecuencias políticas y sociales de un acontecimiento deportivo como el enfrentamiento mundialista entre Argentina e Inglaterra, con la bandera malvinera de los jugadores de la selección nacional.
Qué cambia con la nueva ley
La fundación señala que el proyecto reafirma que Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos forman parte del territorio nacional, y prohíbe el aprovechamiento no autorizado de sus recursos, renovables o no. La prohibición alcanza tanto a quienes operan directamente como a socios, accionistas y a cualquiera que preste servicios financieros, logísticos, técnicos o de consultoría esenciales para esas actividades.
Las sanciones administrativas previstas son severas: multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones de entre cinco y veinte años. Se suma un registro público de sancionados que impide contratar con el Estado. En el plano penal, las penas más severas (para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos sin autorización) llegan hasta los veinte años de prisión, con multas calculadas en cientos de miles o millones de barriles. Las personas jurídicas también quedan alcanzadas: pueden enfrentar la disolución o liquidación cuando la explotación ilegal haya sido su actividad principal. El texto contempla un régimen de desistimiento para quienes abandonen la actividad y opten por regularizar su situación, aunque el beneficio solo puede utilizarse una vez.
Un sistema de seguridad con nombre propio
El PRO, a través de su fundación, advierte que la iniciativa no se agota en Malvinas. Crea un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por el Presidente, con un Consejo de Seguridad Nacional integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo coordinará el control aeroespacial y marítimo, la protección de infraestructuras críticas (incluidos los centros de datos) y la articulación entre las áreas de defensa, economía e inteligencia.
En materia aeroespacial y marítima, el proyecto detalla procedimientos graduales: identificación, advertencia y, como último recurso, medidas coercitivas que requieren una orden expresa del Presidente. A la vez, fija límites precisos al uso de la fuerza: la mera sospecha no convierte a una embarcación en hostil y el hundimiento de buques civiles queda expresamente prohibido como sanción. También crea un registro de personas y entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera.
Para Pensar, el proyecto combina dos planos que rara vez conviven en una misma norma: la respuesta puntual a un conflicto de recursos naturales en el Atlántico Sur y una reorganización de fondo del entramado institucional de la defensa y la seguridad nacional. Falta ver qué recorrido tendrá en el Congreso. Pero su sola presentación confirma que, medio siglo después de la Resolución 2065, la Cuestión Malvinas sigue cambiando de escenario sin perder vigencia.