La defensa sostuvo que una base de datos de Vialidad contradice un punto central de la sentencia y llevará el planteo ante la ONU y la Justicia argentina.
Los representantes legales de Cristina ampliaron la presentación ante la ONU.
Foto: NALos abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes una nueva prueba que, según sostienen, puede cuestionar uno de los fundamentos de la condena en la causa Vialidad. El planteo fue expuesto durante una conferencia de prensa y será incorporado a la presentación que la defensa realizó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El equipo integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicó que el nuevo elemento surgió a partir de una base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad que fue aportada por un testigo en la causa Cuadernos. A partir de esa información, la defensa encargó un análisis económico-financiero para determinar cómo se distribuyeron los fondos destinados a la obra pública.
Según el informe exhibido por los abogados, entre 2009 y 2015 se financiaron 367 obras a través de la Fuente 14 del Presupuesto Nacional, ejecutadas por 114 empresas y con un total de 3.855 certificados de obra por unos US$2.200 millones.
De ese universo, siempre de acuerdo con el informe presentado por la defensa, 17 obras estuvieron vinculadas con cuatro empresas del Grupo Austral, relacionado con el empresario Lázaro Báez. Esas obras representaron el 4,63% del total y recibieron 36 certificados, equivalentes al 0,93% de los certificados analizados.
El dato central señalado por los abogados es el monto: US$18,66 millones, que representan el 0,85% del total de los fondos desembolsados durante el período.
La defensa sostiene que estas cifras contradicen el peso que tuvo en la sentencia la hipótesis de que Báez había sido beneficiado a través de la estructura estatal. Beraldi calificó el hallazgo como una prueba de que la acusación contra Cristina Kirchner no se corresponde con la distribución efectiva de los fondos.
El informe también señala que la participación del Grupo Austral habría disminuido durante los años analizados: pasó del 1,63% de los pagos en 2009 y 3,26% en 2010 al 0,18% en 2011, mientras que entre 2012 y 2015 no registró participación, según los datos exhibidos por la defensa.
La presentación forma parte de la estrategia que los abogados de Cristina Kirchner llevan adelante ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo al que recurrieron después de que la condena quedara firme en la Justicia argentina.
La Corte Suprema rechazó en junio de 2025 los recursos de la defensa y de ese modo quedó firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa había presentado ante el organismo internacional un reclamo que, entre otras cuestiones, busca suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos y revisar las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta.
Ahora, los abogados anunciaron que incorporarán la nueva información sobre la distribución de los fondos de Vialidad al planteo internacional. También anticiparon que impulsarán un recurso de revisión en la Justicia argentina para intentar modificar los efectos de la condena.
Durante la conferencia, Beraldi sostuvo que la nueva documentación demuestra que la participación del Grupo Austral en los fondos analizados fue marginal y afirmó que ese dato entra en contradicción con la acusación que derivó en la condena.
Por su parte, Valim planteó que la información constituye un cambio relevante para el caso y remarcó que ninguna de las empresas del Grupo Austral aparece entre las principales beneficiarias del dinero de la Fuente 14.
Borrego, en tanto, centró su exposición en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y cuestionó el tratamiento que recibió ese punto en la sentencia.
Los tres abogados coincidieron en que el objetivo de la estrategia es lograr una revisión de la condena y recuperar, según sus propios términos, la posibilidad de que Cristina Kirchner ejerza actividad política.
La defensa espera una respuesta del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto de las medidas solicitadas. Una eventual resolución favorable del organismo internacional no implica por sí misma la revocación automática de la condena, sino que podría ser utilizada posteriormente por los abogados como parte de su estrategia ante los tribunales argentinos.
En paralelo, los abogados adelantaron que buscarán activar una vía de revisión de la sentencia en la Justicia argentina a partir de la nueva información que presentaron.
La causa Vialidad investigó el presunto direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y terminó con la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
