La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió destrabar la plena vigencia del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, derogando de manera efectiva la Ley de Tierras que imponía restricciones de extensión a la adquisición de tierras por parte de compradores extranjeros.
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Ley de Tierras: la Corte abrió la tranquera para la extranjerización
La Corte destrabó la derogación de la Ley de Tierras y reabrió la disputa política por los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
La determinación del máximo tribunal, fiel a su estilo, fue un camino paralelo sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida y se sustentó en desestimar la presentación efectuada por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, al concluir que la agrupación carecía de entidad o legitimación procesal suficiente para cuestionar la eliminación de dicha normativa. De este modo, al caer la traba judicial que contenía el reclamo de los excombatientes, la desregulación sobre la propiedad de la tierra quedó ratificada. Por lo menos hasta que el Parlamento decida la vigencia o no del DNU, que ya tiene el rechazo del Senado.
Desconexión entre el Palacio y la calle
El fallo de los tres miembros de la Corte expone la tensión y desconexión entre los tiempos de la Justicia y el devenir de la negociación política y la movilización social. El origen de la causa se remonta a los primeros días de la administración de Javier Milei, cuando en diciembre de 2023 se promulgó el mega DNU que modificó o eliminó de un plumazo centenares de leyes. El pronunciamiento de la Corte Suprema llega tras un dilatado trámite judicial de más de dos años, en un contexto en el cual el panorama parlamentario y social había tomado un rumbo diferente.
En el Congreso de la Nación se desarrolló un intenso debate post mundial y la ya famosa bandera de Malvinas, en torno a la conveniencia de preservar los topes a la extranjerización de la tierra ante el intento del Gobierno de votar una nueva Ley de Tierras que terminó fracasando ante la movilización social y la resistencia política en ambas cámaras.
Incluso en el Senado se llegaron a evaluar proyectos alternativos que proponían elevar la cota de compra extranjera al 25%. Sin embargo, la resolución de los integrantes de la incompleta Corte de la Nación hace caso omiso a la dinámica del acuerdo político y la voluntad popular manifestada en el Parlamento, convalidando retroactivamente una medida dictada al comienzo de la gestión gubernamental y abre un sinnúmero de interrogantes sobre quiénes y cómo son los beneficiarios de un fallo que se alinea con los deseos del Gobierno de Javier Milei, que fue quien llevó el caso a la Corte por la vía de la apelación, y deja en ridículo las ínfulas malvineras del Gobierno.
La vigencia del DNU y sus efectos fácticos en el mercado rural
Desde una perspectiva técnico jurídica, el DNU 70/23 mantiene su vigencia, ya que para que se caiga debe ser rechazado por ambas Cámaras. Si bien el Senado ya rechazó el DNU, la Cámara de Diputados no trata aún el decreto en el recinto, razón por la cual la norma permanece formalmente en pie, excepto los artículos alcanzados por medidas cautelares promovidas por distintos sectores. La resolución sobre el capítulo que deroga por completo la Ley de Tierras remueve el obstáculo judicial y termina con las regulaciones protectivas del territorio nacional.
La caída de los límites legales habilita la concreción de operaciones inmobiliarias rurales sin las restricciones que regulaban el porcentaje de superficie en manos de titulares extranjeros.
Oposición, críticas cruzadas y la legitimidad del máximo tribunal
La difusión del fallo firmado por los tres integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desencadenó una oleada de repudios por parte de referentes políticos y sociales del arco opositor, quienes expresaron sus críticas a través de redes sociales y declaraciones públicas.
El dirigente social Juan Grabois cuestionó en duros términos la resolución judicial, señalando que la movilización popular había logrado frenar la entrega de la patria y condenando que tres magistrados no electos por el voto popular retrotraigan dicha conquista ciudadana, al tiempo que convocó a voltear el dictamen. En una línea convergente, el diputado Esteban Paulón tildó de escandalosa la actuación del tribunal por fallar a espaldas de la sociedad y llamó a concentrarse frente a la sede judicial de la calle Talcahuano para manifestar el rechazo a la derogación de la ley. Por su parte, la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman puso de relieve las contradicciones de la postura oficialista, afirmando que el Gobierno pretende defender las Malvinas mientras facilita la entrega del territorio continental.
Un escenario abierto entre la Justicia y la política
La decisión del tribunal supremo deja al descubierto un dilema institucional de difícil resolución inmediata. Mientras en los hechos la protección a la propiedad rural extranjera queda desactivada por la vía judicial, el escenario político reabre el interrogante sobre cómo responderán el Congreso de la Nación y la movilización social frente a un fallo que desoye los consensos alcanzados y deja en evidencia los discursos y acciones contradictorios del Gobierno.