Una senadora de LLA planteó en la Legislatura de Mendoza la necesidad de sumar controles toxicológicos en los operativos viales, con un esquema de sanciones escalonado.
En la Legislatura de Mendoza presentaron un proyecto que propone implementar controles toxicológicos en los controles viales y establecer un esquema de sanciones escalonado de acuerdo a las sustancias detectadas en los infractores. También propone la retención de vehículos, cursos obligatorios y restricciones para los conductores reincidentes.
La iniciativa de la senadora Macarena D'Ambrogio (LLA) busca modificar la Ley de Tránsito N° 9024 y al Código Contravencional de la provincia dado que la inseguridad vial constituye “una de las principales causas de muerte evitable”, argumentó, a la vez que consideró que conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas representa una "conducta de alto riesgo".
La legisladora libertaria plantea que la evidencia científica indica que la presencia de controles en las rutas tiene un efecto disuasorio mayor que el incremento de la severidad de las sanciones. Por eso, apunta a implementar un marco de actuación específico para los agentes de tránsito, con criterios objetivos que permitan determinar cuándo corresponde realizar un "narcotest".
El proyecto de establece la obligatoriedad de someterse a las pruebas de detección de drogas, fija un procedimiento para determinar qué conductores deberán ser testeados y crea una escala de multas e inhabilitaciones según el tipo de sustancia detectada.
Asimismo, la iniciativa especifica que los agentes no seleccionen a los conductores de manera arbitraria. Antes de ordenar un control toxicológico, sino que deberán verificar indicadores objetivos de una posible afectación psicofísica. D'Ambrogio sostiene que la decisión tampoco debería estar basada en características como la edad del conductor, pero sí en indicadores previamente protocolizados, verificables y sustentados en criterios reconocidos. Entre esos parámetros contemplados aparecen:
La negativa injustificada a realizar el narcotest sería considerada una “falta gravísima” y tendría, a nivel administrativo, las mismas consecuencias que un resultado positivo.
Uno de los principales cambios propuestos es la creación de una escala de sanciones diferenciada según el nivel de riesgo atribuido a las sustancias detectadas:
El proyecto también establece que, en todos los casos, corresponderá la retención del vehículo. Además, elimina la posibilidad de reemplazar las sanciones por la realización de trabajos comunitarios y establece que los infractores deberán participar de cursos de capacitación, prevención y conducción responsable.
En cuanto a la restitución del vehículo, la iniciativa plantea que, cuando la retención se produzca por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, el rodado no podrá ser devuelto hasta que el infractor haya cumplido con la sanción correspondiente.
Otro de los puntos incluidos alcanza a quienes reincidan en infracciones vinculadas con el consumo de alcohol o drogas al volante. El proyecto propone reducir la vigencia de la licencia de conducir a cinco años. Actualmente, para los conductores particulares sin antecedentes, la vigencia prevista es de diez años.
