La industria del vino, alcanzada por el DNU de Milei
El presidente Javier Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.
Entre las normas que deroga, se encuentran tres que afectan directamente a la industria madre de Mendoza, la vitivinicultura. El Jefe de Estado, en su mensaje por cadena nacional, lo mencionó como una “liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola”.
En los fundamentos del decreto, se justifica la decisión en base a que “varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola”.
La primera fue sancionada en febrero de 1970 y regula los contratos de elaboración de vino, definiendo las normas que regirán los contratos por los sistemas ‘contrato de elaboración por cuenta de terceros’.
En cuanto a la 18.905, también sancionada a inicios de la década del 70 -cuando los estados provinciales y el nacional elaboraron un nuevo modo de regulación a fin de lograr el crecimiento del sector-, instituyó la denominada “Política Vitivinícola Nacional”.
A partir de esta Ley -y otras complementarias- se establecieron desgravaciones impositivas a las producciones agropecuarias en zonas áridas, en aspectos tales como inversiones en infraestructura de riego en base a aguas subterráneas, inversiones en tierras, maquinarias, camiones e instalación de bodegas, perforación de pozos, fertilización, etc.
La 22.667, de octubre de 1982, en tanto regula la elaboración del vino y el mosto, como la cantidad de uva por litro que debe tener el producto, el proceso de destilado; y le da al Instituto Nacional de Vitivinicultura el rol de contralor, ficalizador y autorizador de los traslados locales e interprovinciales de los productos vitivinícolas.
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