El lunes, en el Congreso Nacional de Valparaíso, el presidente chileno José Antonio Kast expuso ante el pleno legislativo su primer balance de gobierno a casi 90 días de asunción y en medio de una pérdida de imagen que lleva el nivel de rechazo por arriba del 50 %, según el informe de Criteria conocido horas antes de su discurso.
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José Antonio Kast enfrenta caída de imagen y rechazo social en Chile
José Antonio Kast presentó su primer balance de gobierno en Chile en medio de protestas, caída de imagen y rechazo social superior al 50 %.
En una jornada que transcurrió en simultáneo con protestas de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles en las inmediaciones del edificio legislativo y en Santiago, Kast, quien asumió en marzo con respaldo mayoritario en sectores de derecha y centroderecha, llegó al acto con niveles de aprobación en descenso y un gabinete recientemente renovado.
En su alocución, caracterizó la situación nacional como una emergencia en cuatro frentes (seguridad, economía, migración y política social) y trazó las líneas del programa legislativo que enviará al Congreso en los próximos meses.
Endurecimiento de políticas públicas
Entre los anuncios de mayor impacto figuró la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades, mecanismo por el cual quienes cometan determinados delitos o conductas contra el orden público podrían perder beneficios como la gratuidad en educación superior, subsidios de arriendo o la Pensión Garantizada Universal.
El mandatario también anunció la intervención de cincuenta barrios catalogados como críticos, la extensión de los plazos de flagrancia, el endurecimiento del control migratorio y la fusión de ministerios como parte de una reducción del aparato estatal.
La oposición rechazó en particular las medidas que subordinan el acceso a derechos sociales a sanciones de conducta, argumentando que comprometen la igualdad ante la ley.
La resistencia social y el desgaste del Ejecutivo
La necesidad del gobierno de estabilizar las finanzas públicas y avanzar con celeridad en su agenda legislativa choca en la actualidad con una fuerte resistencia ciudadana a asumir los costos de un ajuste estatal y una profunda desconfianza hacia los proyectos del Ejecutivo.
Así lo exponen los datos de la última entrega de la encuesta Agenda Criteria, cuyo trabajo de campo cuantitativo, aplicado a más de ochocientos casos a nivel nacional, concluyó el 28 de mayo. El informe expone un evidente deterioro en los niveles de apoyo a la máxima autoridad del país y una aguda polarización frente a las principales políticas de Estado.
El respaldo ciudadano a la gestión del mandatario experimentó su segunda caída semanal consecutiva, situando la aprobación general en un 36 %. Como contrapartida, la desaprobación experimentó un alza, escalando hasta alcanzar un 53 % de rechazo.
Este declive sostenido parece estar estrechamente vinculado con la percepción pública sobre el manejo de la situación de emergencia que el propio gobierno ha declarado en diversas áreas del país. Actualmente, un 46 % de los encuestados considera que el Ejecutivo ha tomado un rumbo incorrecto para enfrentar la contingencia, lo que refleja un aumento de cinco puntos respecto a mediciones anteriores.
En contraste, la proporción de quienes respaldan las decisiones adoptadas desde La Moneda cayó a un 34 %, acumulando cuatro semanas consecutivas a la baja.
Seguridad, economía y percepción pública
La erosión en el apoyo también se manifiesta en la evaluación de los atributos personales y gerenciales del mandatario. Aunque el presidente Kast mantiene fortalezas relativas en dimensiones como su perfil de gobernante “trabajador” (54 %) y su capacidad percibida para “hacer crecer la economía” (53 %), sus debilidades se acentúan en áreas tradicionalmente sensibles para la ciudadanía.
La percepción de su capacidad para enfrentar la delincuencia sufrió una caída pronunciada de seis puntos porcentuales, ubicándose en un escaso 38 %. Asimismo, su atributo de cercanía con la gente se mantiene estancado entre los indicadores más bajos, con un 35 %.
En el ámbito específico de la seguridad pública, la falta de certidumbre parece ser el diagnóstico predominante. Un 45 % de la población estima que el gobierno carece de un plan claro y se encuentra improvisando. Esta visión crítica alcanza niveles de abrumadora mayoría entre quienes se identifican con la izquierda (86 %), aunque desciende significativamente entre los simpatizantes de la derecha (19 %).
En el escenario general, apenas un 12 % del total de los encuestados percibe la existencia de una estrategia de seguridad definida y estructurada.
La herencia económica y el rechazo al ajuste
A pesar del constante discurso oficialista sobre la compleja herencia de las finanzas públicas recibida de la administración de Gabriel Boric, la sensación ciudadana de urgencia económica ha perdido fuerza.
La proporción de personas que evalúa la situación financiera heredada como “muy grave” descendió del 35 % al 28 % desde el mes de marzo, consolidándose un 35 % que la considera “poco o nada grave”.
Las diferencias de percepción están dictadas nuevamente por la afinidad política: el 84 % de la derecha ve la crisis económica como algo grave o muy grave, frente a un 68 % de la izquierda que resta severidad al asunto.
El corolario de este clima social es un contundente y creciente rechazo a las medidas de austeridad que toquen los bolsillos de las familias. Un abrumador 59 % de los encuestados se opone tajantemente a la idea de reducir la deuda y el gasto del Estado si ello implica afectar o recortar los beneficios sociales vigentes.
Este rechazo ha experimentado un salto significativo desde el 45 % registrado a principios de marzo. Por el contrario, la postura de quienes apoyan los recortes directos en favor de la “sanidad fiscal” ha quedado relegada a una minoría del 18 %, dejando al Ejecutivo sin un margen claro para aplicar ajustes estructurales.
Un gobierno bajo presión
La doble imagen que dejó la jornada, un presidente en busca de iniciativa política dentro del Congreso y una movilización social activa en las calles, sintetizó el clima en que transcurren los primeros meses del gobierno.
La viabilidad de las reformas anunciadas dependerá de la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías en un Parlamento fragmentado, donde deberá negociar con fuerzas de derecha, centro e independientes. La resistencia que ya se expresa en la calle anticipa que ese proceso no será sencillo.
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