La Legislatura de Mendoza sancionó una norma que busca facilitar la regularización de la titularidad de casas otorgadas y/o financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a través de un nuevo régimen que permite readecuar saldos de créditos habitacionales, adelantar cuotas y posibilitar la cancelación anticipada de las deudas.
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Instituto Provincial de la Vivienda: beneficiarios podrán regularizar la titularidad y cancelar deudas
La Legislatura habilitó al Instituto Provincial de la Vivienda a incorporar herramientas para readecuar los saldos de los créditos habitacionales y promover su cancelación anticipada.
La iniciativa, aprobada en la Cámara de Senadores por unanimidad, fue impulsada por la diputada Melisa Martínez Malanca (UCR) y con la coautoría de Franco Ambrosini (UCR), ya contaba con media sanción de Diputados y fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La ley aborda dos problemas que afectan a adjudicatarios y ocupantes de viviendas sociales: las dificultades para escriturar inmuebles que fueron transferidos sin completar el cambio de titularidad y la existencia de créditos cuyos saldos pueden superar el valor de las propiedades, como consecuencia de los mecanismos de actualización aplicados durante los últimos años.
Quiénes podrán regularizar la titularidad de una casa del Instituto Provincial de la Vivienda
Uno de los principales cambios es la creación de un régimen permanente para regularizar la situación dominial de determinadas viviendas sociales. La medida busca dar respuesta a familias que habitan inmuebles del IPV, cumplen con las obligaciones del crédito, pero no pueden escriturarlos a su nombre porque la titularidad registral continúa a nombre del adjudicatario original.
La normativa contempla los casos de viviendas transferidas mediante:
- boletos de compraventa,
- cesiones de derechos,
- permutas,
- otros instrumentos.
Para iniciar el procedimiento, los interesados deberán acreditar una posesión pública, pacífica y continua de al menos un año, además de tener el crédito regularizado o contar con un plan de pago vigente.
- El régimen también alcanza determinadas situaciones de ocupación de hecho: el IPV podrá desadjudicar o revocar una adjudicación anterior, con respeto del debido proceso legal, cuando un tercero acredite una posesión pública, pacífica y continua durante al menos tres años y reúna las condiciones exigidas para acceder a la vivienda.
Este plazo reduce de cinco a tres años el período previsto en el régimen anterior. Además, si corresponde una nueva adjudicación, se reconocerán los pagos que el ocupante pueda demostrar que realizó sobre el crédito original, que se descontarán del nuevo saldo.
Casos excluidos
La ley establece exclusiones para evitar que el procedimiento alcance situaciones que requieren otro tipo de resolución. Entre ellas se encuentran las viviendas involucradas en denuncias de usurpación o en procesos judiciales para recuperar la posesión, las ocupaciones expresamente autorizadas por el IPV y los inmuebles cuyos créditos ya fueron cancelados.
Entre los requisitos generales figuran no tener derechos de propiedad individual sobre otros inmuebles, acreditar una antigüedad mínima de cinco años de radicación legal en Mendoza y cumplir las demás condiciones que establezcan la normativa y su reglamentación.
Créditos del IPV: cómo se podrán recalcular las deudas
El otro eje de la ley apunta a facilitar la cancelación de los créditos habitacionales. Para ello, incorpora un artículo a la Ley 4.203 que habilita al Directorio del IPV a determinar los saldos para adelantos de capital o cancelaciones totales tomando como referencia el valor del crédito y el costo de reposición de la vivienda, y aplicando el menor de ambos.
La herramienta permitirá al organismo modificar, fijar o readecuar los saldos cuando los mecanismos de actualización utilizados hayan generado distorsiones entre la deuda pendiente y el valor real del inmueble. La facultad también podrá utilizarse para adelantar cuotas sin cancelar la totalidad del crédito. En estos casos, se podrán establecer quitas de acuerdo con las condiciones que se definan en la reglamentación.
Durante el debate, el senador Walther Marcolini afirmó que numerosos créditos otorgados desde 2017 quedaron sujetos a mecanismos de actualización vinculados con la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), la variación salarial y otros índices de recupero. Según explicó, la evolución de esos indicadores generó situaciones en las que el saldo adeudado puede superar el valor de mercado de la casa. Con las nuevas atribuciones, el IPV podrá intervenir sobre esos saldos y establecer condiciones para que la deuda guarde una relación razonable con el valor del inmueble, dentro de los criterios que fije la normativa.
Con esta norma sancionada, que da la posibilidad de cancelar créditos, adelantar capital o pagar cuotas por anticipado, el Ejecutivo busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones y permitir que el IPV recupere fondos para sostener su operatoria.