Con 26 votos a favor y 16 en contra, Diputados aprobó la declaración de emergencia aluvional y eléctrica en el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles y Diamante, tras los daños por el temporal de enero.
Desde el 11 de enero se ejecutan trabajos en las centrales hidroeléctricas del Sur
Foto: Prensa Gobierno de MendozaLa Cámara de Diputados de Mendoza convirtió en ley los proyectos que declaran la emergencia aluvional, la emergencia del servicio eléctrico y la emergencia del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, luego de los graves daños que dejó el temporal del 11 de enero.
Las iniciativas, que ya contaban con media sanción del Senado, fueron convertidas en ley por 26 votos afirmativos, 16 negativos y dos ausencias.
La nueva normativa contempla un plazo de emergencia de 14 meses para el sistema eléctrico y el complejo Los Nihuiles, y de un año para la emergencia aluvional. La medida busca habilitar acciones urgentes de reparación, garantizar la continuidad del servicio y sentar las bases para una futura licitación conjunta de los sistemas Los Nihuiles y Diamante, dos de las principales centrales hidroeléctricas de la provincia.
Las emergencias fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo tras el colapso parcial de las centrales Nihuil II y Nihuil III, que quedaron inutilizadas por el ingreso de lodo mezclado con aceites, producto de intensas lluvias. Actualmente se trabaja en la remediación del daño, mientras se analiza el alcance del resarcimiento del seguro correspondiente.
Durante el debate en comisiones, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, había explicado que las tres emergencias están interrelacionadas: “No hay dos emergencias distintas. Hay un solo complejo y una sola afectación”. También advirtió que el daño en las centrales exige tareas complejas de limpieza, evaluación técnica y reconstrucción, que se están desarrollando con la colaboración de organismos como Irrigación e Hidráulica.
Además, la ley faculta al Ejecutivo provincial a avanzar con una eventual nueva concesión de las represas por hasta 30 años, con participación del Estado nacional si fuera necesario. La nueva concesión deberá incluir control provincial del recurso, cánones adecuados y estándares ambientales exigentes.
A pesar de la aprobación, el proyecto fue rechazado por el bloque del PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde, que cuestionaron la falta de claridad en los alcances de la futura concesión.
Días atrás, el senador sanrafaelino Mauricio Sat (PJ) había expresado en TVA Mendoza por qué su fuerza se opuso a la iniciativa.
Aseguró que la ley es “una ensalada jurídica” que mezcla la declaración de emergencia con una posible prórroga o reasignación de la concesión sin detalles suficientes: “No podemos votar algo sin saber cómo se va a concesionar, a quién, con qué objetivos, qué beneficio va a tener San Rafael”.
También reprochó que el Gobierno tardó cinco meses en presentar el proyecto, pese a que el evento climático ocurrió en enero, y advirtió que la falta de certezas sobre los costos y plazos podría poner en riesgo el abastecimiento eléctrico en el sur si no se actúa a tiempo.
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