En la Cámara de Diputados avanza un proyecto enviado por el Ejecutivo para realizar cambios en el régimen disciplinario de la Administración Pública para agilizar los sumarios a empleados públicos y resolver con mayor rapidez los procedimientos contra agentes estatales. Aseguran que el ausentismo injustificado representa el 40% de los sumarios.
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Empleado público: el Gobierno va por la reforma del régimen disciplinario
En la Cámara de Diputados avanza un proyecto del Ejecutivo que apunta contra el ausentismo injustificado, entre otras irregularidades, de empleados públicos.
La iniciativa recibió despacho favorable de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y quedó habilitada a ser tratada en la próxima sesión. La norma mantiene el derecho de defensa y las garantías del debido proceso, pero apunta a modificar la forma en que se detectan las presuntas faltas, se reúnen las pruebas, se distribuyen las competencias y se resuelven los casos.
El proyecto sustituye el anexo de la Ley 9.103, que contiene el Régimen General Disciplinario de la Administración Pública Provincial. Entre sus principales novedades, contempla la designación de responsables de presentismo en cada organismo, la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio y la incorporación de notificaciones electrónicas y audiencias virtuales.
Los problemas del sistema actual, según el Gobierno de Mendoza
La propuesta apunta reformar el régimen vigente para acelerar los sumarios administrativos, reforzar los controles sobre las inasistencias y ampliar las herramientas de investigación de la Oficina General de Sumarios. Según el Gobierno, buscan "dar respuesta a problemas reiterados en el funcionamiento del sistema".
Desde el Ejecutivo explicaron que la experiencia acumulada evidenció demoras en la tramitación de los expedientes y la necesidad de reorganizar las competencias de los organismos que intervienen en estos procedimientos. En ese sentido, remarcaron que “la regla son los buenos empleados públicos”, aunque consideraron necesario contar con mecanismos más ágiles para abordar los casos en los que se detectan posibles irregularidades.
Control de asistencia: un responsable en cada organismo
Uno de los cambios que impactará en la dinámica cotidiana de la Administración Pública es la creación de la figura del Responsable Administrativo de Presentismo. Cada jurisdicción, organismo o dependencia deberá designar a una persona para controlar los registros de asistencia y mantener actualizadas las novedades del personal.
La tarea no se limitará a registrar quién concurre a trabajar. Cuando la información disponible permita advertir situaciones que podrían configurar causales objetivas de cesantía vinculadas con las inasistencias, el responsable deberá comunicarlo inmediatamente al área de Recursos Humanos correspondiente y acompañar los antecedentes.
El tema ocupa un lugar central en la reforma: según la Provincia que expusieron ante la comisión, el ausentismo injustificado representa alrededor del 40% de los sumarios que actualmente se tramitan.
Qué sanciones pueden recibir los empleados públicos
La iniciativa mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración, pero establece qué autoridades estarán facultadas para aplicarlas según la gravedad de la medida.
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Apercibimientos y suspensiones de hasta cinco días: estarán a cargo del jefe superior inmediato.
Suspensiones de más de cinco y hasta 15 días: las aplicará el ministro o secretario de la jurisdicción correspondiente.
Suspensiones superiores a 15 días, cesantía y exoneración: corresponderán al Poder Ejecutivo.
Entes descentralizados: la autoridad superior de cada organismo podrá aplicar todas las sanciones.
Como regla general, las suspensiones superiores a 15 días, la cesantía y la exoneración requerirán la instrucción previa de un sumario administrativo. El texto prevé una excepción para determinadas causales objetivas de cesantía, que tendrán un procedimiento especial.
La reforma también plantea que las faltas de menor entidad puedan ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites establecidos por la ley y con respeto por el derecho de defensa. De esta manera, la Oficina General de Sumarios podría concentrarse en los expedientes que requieran una intervención especializada por la naturaleza o gravedad de los hechos.
Una Oficina de Sumarios con más autonomía
Otro eje de la propuesta es fortalecer la Oficina General de Sumarios y otorgarle autonomía técnica y funcional para investigar posibles faltas disciplinarias. En la práctica, el organismo podrá iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que pudieran constituir una infracción. Esto significa que no dependerá exclusivamente de que la repartición donde ocurrió el hecho le remita formalmente las actuaciones para comenzar a intervenir.
También se busca que pueda conocer anticipadamente situaciones que podrían derivar en un sumario mediante alertas de las áreas de Recursos Humanos. A su vez, el proyecto establece la obligación de los organismos, funcionarios y agentes de colaborar con las investigaciones. Deberán entregar informes, datos y antecedentes, remitir expedientes y documentación y cumplir las diligencias solicitadas dentro de los plazos establecidos.
La intención es evitar que la falta de respuestas administrativas prolongue las actuaciones. Según los datos presentados por los funcionarios, el 25% de los expedientes ingresados durante 2026 correspondía a hechos ocurridos en 2025, mientras que el resto estaba vinculado con períodos anteriores.
Sumarios digitales y procedimientos más cortos
La reforma también apunta a reducir los trámites burocráticos que pueden extender las investigaciones. Para ello, incorpora herramientas tecnológicas y modificaciones procesales destinadas a evitar actuaciones repetidas, ordenar expedientes relacionados y facilitar su resolución. Entre las medidas previstas se encuentran las citaciones y notificaciones por medios electrónicos, el uso de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) y la realización de audiencias virtuales.