El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados de la reforma del Régimen Disciplinario de la Administración Pública. El Ejecutivo busca agilizar los sumarios a empleados públicos y reducir los ausentismos injustificados por parte de los agentes estatales. La oposición votó en contra, incluso el peronismo manifestó que los cambios en la normativa son inconstitucionales.
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Empleado público: Diputados dio media sanción a la reforma del régimen disciplinario
El proyecto del Ejecutivo busca acelerar los procesos administrativos contra agentes estatales. El peronismo planteó que algunos aspectos de la norma son inconstitucionales.
El proyecto enviado por el Gobierno de Mendoza a la Legislatura sustituye el anexo de la Ley 9.103. Entre sus puntos centrales, contempla la designación de responsables de presentismo en cada organismo, la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio y la incorporación de notificaciones electrónicas y audiencias virtuales.
El debate
Según el Ejecutivo, “se introducen modificaciones destinadas a simplificar y agilizar el procedimiento, evitando actuaciones innecesarias o repetidas, regulando la conexidad y acumulación de actuaciones e incorporando mecanismos alternativos de conclusión, cuando las características y gravedad del caso así lo permitan”.
Según los datos oficiales, el 25% de los expedientes ingresados durante 2026 correspondía a hechos ocurridos en 2025, mientras que el resto estaba vinculado con períodos anteriores. A su vez, indicaron que el ausentismo injustificado representa el 40% de los sumarios.
Por su parte, la oposición cuestionó que el texto de la norma. "Incurre en inconstitucionalidades" y es un "retroceso" para los trabajadores, afirmó el diputado Germán Gómez (PJ). Criticó que el área de la Administración donde trabaja el agente podría instruir el sumario y resolver la sanción, sin intervención de la Oficina General de Sumarios, lo que vulneraría garantías constitucionales vinculadas con la imparcialidad, el debido proceso y el derecho de defensa.
Además, Lucas Ilardo (FP) criticó que los gremios que nuclean a los empleados públicos no hayan sido tenidos en cuenta a la hora de formular la iniciativa y advirtió que el nuevo régimen abre la puerta a persecuciones políticas.
En tanto, la legisladora Cintia Gómez (PRO) señaló que acompañaron el proyecto debido a que varias de las modificaciones sugeridas fueron aceptadas por el radicalismo y coincidió con el oficialismo en la necesidad de mejorar los procesos y la tramitación de los sumarios.
Qué cambios plantea la ley para los empleados públicos
Uno de los cambios que establece el proyecto es la creación de la figura del Responsable Administrativo de Presentismo. Cada jurisdicción, organismo o dependencia deberá designar a una persona para controlar los registros de asistencia y mantener actualizadas las novedades del personal.
Cuando la información disponible permita advertir situaciones que podrían configurar causales objetivas de cesantía vinculadas con las inasistencias, el responsable deberá comunicarlo inmediatamente al área de Recursos Humanos correspondiente y acompañar los antecedentes.
Otro eje de la propuesta es fortalecer la Oficina General de Sumarios y otorgarle autonomía técnica y funcional para investigar posibles faltas disciplinarias. En la práctica, el organismo podrá iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que pudieran constituir una infracción. Esto significa que no dependerá exclusivamente de que la repartición donde ocurrió el hecho le remita formalmente las actuaciones para comenzar a intervenir.
Sanciones
La iniciativa mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración, pero establece qué autoridades estarán facultadas para aplicarlas según la gravedad de la medida.
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Apercibimientos y suspensiones de hasta cinco días: estarán a cargo del jefe superior inmediato.
Suspensiones de más de cinco y hasta 15 días: las aplicará el ministro o secretario de la jurisdicción correspondiente.
Suspensiones superiores a 15 días, cesantía y exoneración: corresponderán al Poder Ejecutivo.
Entes descentralizados: la autoridad superior de cada organismo podrá aplicar todas las sanciones.
Como regla general, las suspensiones superiores a 15 días, la cesantía y la exoneración requerirán la instrucción previa de un sumario administrativo. El texto prevé una excepción para determinadas causales objetivas de cesantía, que tendrán un procedimiento especial. La reforma también plantea que las faltas de menor entidad puedan ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites establecidos por la ley y con respeto por el derecho de defensa.
Digitalización
La reforma también apunta a reducir los trámites burocráticos que pueden extender las investigaciones. Para ello, incorpora herramientas tecnológicas y modificaciones procesales destinadas a evitar actuaciones repetidas, ordenar expedientes relacionados y facilitar su resolución. Entre las medidas previstas se encuentran las citaciones y notificaciones por medios electrónicos, el uso de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) y la realización de audiencias virtuales.