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Presupuesto

El recorte del Presupuesto 2027 que podría costarte la pensión: mirá si estás en la lista de afectados

El nuevo presupuesto propone cambios en las pensiones por discapacidad: quiénes perderían el beneficio si trabajan.

Por Sitio Andino Política

El proyecto de ley de gastos enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso nacional plantea una profunda reforma en el esquema asistencial. Dentro de las modificaciones contempladas en el presupuesto oficial, se introducen límites estrictos para acceder y mantener las pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país.

¿Qué cambios propone el Presupuesto 2027 para quienes tienen empleo formal?

La iniciativa oficial busca dar de baja la compatibilidad laboral que rige bajo la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. En la actualidad, una persona puede percibir la prestación y registrar un trabajo en blanco o tributar en el régimen general o simplificado, siempre que sus haberes no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El nuevo texto deroga esa flexibilización y determina que la ayuda estatal será estrictamente incompatible con cualquier vínculo laboral formal. De esta manera, si la normativa resulta aprobada por los legisladores, quienes presten tareas registradas perderán el cobro mensual, que continuará fijado en el equivalente al 70% de la jubilación mínima garantizada.

¿Qué ocurrirá con el CUD y el resto de las prestaciones básicas?

La reforma legislativa va más allá del ámbito laboral y revisa las condiciones de ingreso al sistema previsional. El documento propone eliminar la cláusula que otorgaba la pensión de manera directa a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), supeditando el alta a nuevos parámetros de evaluación médica y socioeconómica que reglamentará el Estado.

Asimismo, el articulado introduce modificaciones sustanciales en el financiamiento del sector:

El tratamiento legislativo recién comienza en la Cámara de Diputados y requerirá un amplio debate antes de su sanción definitiva. Por este motivo, las restricciones analizadas no rigen en lo inmediato y los beneficiarios mantendrán sus derechos vigentes hasta tanto el Congreso vote el texto final.

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