El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, presentó una acción de amparo contra la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025. El legislador busca frenar la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), votada durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.
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El PRO solicitó una acción de amparo para frenar la asunción de nuevos directivos de la AGN
El diputado del PRO, Cristian Ritondo, presentó un amparo para anular el nombramiento de tres auditores en la AGN. Cuáles son los fundamentos.
La presentación judicial exige una medida precautelar urgente para que el organismo de control se abstenga de formalizar los nombramientos de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, quienes resultaron electos en una sesión envuelta en polémicas.
Los ejes del reclamo: irregularidades en el recinto
En el escrito radicado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo enumeró una serie de vicios procedimentales que invalidarían la votación:
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Temario excedido: La designación fue propuesta por el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) a las 02:55 am, a pesar de no figurar en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo.
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Violación del reglamento: Se denunció que la moción se realizó sin dictamen de comisión previo y omitiendo el pedido formal de apartamiento del reglamento necesario para tratar temas fuera de agenda.
Falta de consenso: El legislador describió la maniobra como una decisión tomada "entre gallos y medianoche", lo que provocó que el interbloque Fuerza del Cambio y otros sectores opositores se retiraran del recinto en señal de rechazo.
Fundamentos jurídicos y división de poderes
El amparo subraya que el Congreso no tiene la facultad de incorporar temas por iniciativa propia durante el periodo de extraordinarias. Asimismo, Ritondo enfatizó que la AGN, como órgano de control externo, debe garantizar una integración que respete el equilibrio entre mayorías y minorías parlamentarias.
Finalmente, la demanda cuestiona la Ley 26.854 de medidas cautelares, argumentando que limita el acceso a la justicia y afecta la división de poderes. Para sustentar su postura, la defensa de Ritondo citó precedentes de 2015, cuando la justicia frenó nombramientos similares bajo argumentos de violaciones reglamentarias análogas.