El Gobierno Nacional aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados: quiénes pueden acceder

La inscripción permanecerá abierta desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2026, aunque el Ejecutivo podrá extender ese plazo por única vez durante un máximo de 30 días corridos.

Retiro voluntario: cuánto cobrarán los empleados públicos

El nuevo sistema establece tres categorías de beneficiarios, con diferentes condiciones para calcular las compensaciones económicas.

El primer grupo comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse. Estos trabajadores podrán optar por recibir mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses, o hasta completar los requisitos jubilatorios.

Durante ese período se mantendrán los aportes previsionales y de obra social establecidos por el régimen.

Como segunda alternativa, podrán percibir una gratificación equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un límite de 18 remuneraciones y sin superar el equivalente a los meses que resten para acceder a la jubilación.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. En estos casos, la compensación será de un sueldo bruto por año de antigüedad, hasta un máximo de 18 remuneraciones, más una suma adicional equivalente a cinco sueldos.

Finalmente, el tercer grupo estará integrado por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. Para ellos se contempla una gratificación de un sueldo bruto por año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones.

Además, quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente recibirán cuatro sueldos adicionales, mientras que aquellos que superen ese período accederán a cinco remuneraciones extras. De esta manera, la compensación total podrá alcanzar los 25 sueldos brutos.

Quiénes no podrán acceder al retiro voluntario

La normativa establece restricciones para determinados trabajadores de la administración nacional.

Entre los excluidos se encuentran quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, afronten sumarios administrativos que puedan derivar en cesantía o exoneración, o tengan procedimientos disciplinarios pendientes de ejecución.

Tampoco podrán incorporarse al programa quienes hayan iniciado trámites jubilatorios, cumplan los requisitos para acceder a una prestación previsional, tengan una renuncia pendiente de aceptación o se encuentren en situación de disponibilidad.

La medida también contempla limitaciones para los empleados que mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado vinculados con su relación laboral, salvo las excepciones y condiciones de desistimiento previstas en la normativa.

Asimismo, quedan excluidos determinados sectores, entre ellos personal de las fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y trabajadores de otros regímenes especiales.

Qué pasará con los puestos de trabajo y cuándo comenzará la inscripción

Uno de los aspectos centrales de la medida es que los cargos presupuestarios correspondientes a los empleados que acepten el retiro voluntario serán eliminados una vez concretada la desvinculación.

De esta manera, el Ejecutivo busca reducir la dotación de personal y avanzar con la reorganización de las dependencias estatales.

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será la encargada de aplicar el régimen y dictar las disposiciones complementarias.

La presentación de una solicitud no implicará su aprobación automática. Las autoridades podrán rechazar adhesiones cuando consideren necesario garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Además, quienes accedan al beneficio no podrán reincorporarse al sector público nacional durante ocho años, con las excepciones previstas en la reglamentación.