El gobierno federal no ha girado los fondos correspondientes al FONID y la cláusula de garantía, correspondientes a 2023. Qué dice el titular de la DGE.
El informe sobre educación que le pone baja nota en matemática a Mendoza.
Cristian LozanoLa decisión del gobierno de Javier Milei de terminar con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) tras 26 años de vigencia, generó una reacción jurídica de algunas provincias, que decidieron (o analizan) demandar ante la Corte Suprema, a fin de restituir esos recursos que se utilizan para pagar un porcentaje (alrededor del 10%) del salario docente.
Por el momento, Mendoza descarta acudir al máximo tribunal, aunque sí ha elevado varios reclamos informales -que esta semana se convertirán en uno formal- para que Nación le pague lo que le adeuda por fondos no enviados en 2023 y enero de 2024.
Según reveló a Sitio Andino el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, la deuda asciende a unos $17.500 millones de pesos. De esa cifra, $7.500M corresponden al FONID y los restantes diez mil millones a otra transferencia a las provincias que eliminó Casa Rosada: la cláusula de garantía que se utilizaba para completar los salarios que no alcanzaban el mínimo que determina la paritaria nacional del sector.
En el último tiempo, la Provincia destinó recursos propios para que los docentes perciban esos ítems salariales y -pese al compromiso del secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell- no han sido repuestos por el gobierno federal.
Más allá de la deuda por los pagos no recibidos en el pasado, el Gobierno de Mendoza propone una solución a futuro, para que las provincias continúen recibiendo los fondos que Nación cortó unilateralmente.
Es que si bien el mileísmo afirma que la decisión de no liquidar más el FONID responde al vencimiento del decreto (88/2022) que lo prorrogó, lo cierto es que las partidas para su transferencia estaban contempladas en el Presupuesto 2023, que justamente fue prorrogado por el Ejecutivo nacional.
García Zalazar indicó que si la determinación de Nación es no restituir esos fondos, “ que al menos sean asignados al sistema educativo y lleguen al salario docente en cualquier formato, ya sea como un programa, como un fondo o como una asignación específica; pero tienen que quedar en educación”.
Asimismo, el titular de la DGE señaló que -junto a otras provincias- reclaman la continuidad de diversos programas no vinculados estrictamente a lo salarial, que hasta el año pasado también financiaba el gobierno nacional.
Entre ellos se encuentra el de jornada extendida, de educación técnica, de evaluación de la calidad educativa, de infraestructura, entre otros. “(Torrendel) dijo que tendrían continuidad, pero todavía no están las resoluciones y los fondos con la afectación específica”, describió García Zalazar.
Ya iniciado el calendario escolar, se suma la premura al pedido que realizaron las provincias. No obstante, el funcionario provincial aclaró que “en el caso de Mendoza, muchos de esos programas han sido suplidos o complementados con fondos provinciales, pero no lo podemos sostener durante todo el año ”.