Tres días después de que la Corte Suprema removiera el freno judicial a la derogación de la Ley de Tierras, el Gobierno argentino presentó en París un programa que permitirá solicitar la ciudadanía mediante un aporte de USD 350.000 al Tesoro Nacional mediante la compra de bonos que después pueden ser transformados en dinero contante y sonante para que los “extranjeros nacionalizados” adquieran territorio argentino sin restricciones.
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Ciudadanía por inversión: el anuncio del Gobierno tras el fallo sobre la Ley de Tierras
El Gobierno anunció en París la ciudadanía por inversión, días después del fallo de la Corte que removió el freno judicial a la derogación de la Ley de Tierras.
La proximidad de ambos hechos ofrece una postal de la apertura que promueve Javier Milei: menos límites específicos a la propiedad rural extranjera y una vía de acceso a la nacionalidad asociada a la capacidad económica.
El anuncio fue realizado por Luis Caputo y Diego Santilli, en el marco de la Argentina Week en París y el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de este año.
La secuencia invita a detenerse en la “casualidad”, aunque no constituye evidencia de una coordinación entre el Ejecutivo y el máximo tribunal, sí permite discutir el sentido de dos decisiones que amplían las posibilidades de ingreso de capitales y el acceso a derechos y activos del país.
Lo que resolvió la Corte
El 29 de septiembre, la Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Milei derogó la Ley 26.737. La decisión se apoyó en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para impulsar el planteo, sin resolver el fondo de la controversia constitucional.
La distinción importa: el tribunal no declaró constitucional la derogación, pero su decisión removió el obstáculo judicial que la frenaba en esa causa. El efecto práctico favoreció la eliminación de los límites específicos de la Ley de Tierras.
Esa norma establecía un máximo del 15% de titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales, aplicable en distintas escalas territoriales, y un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente en otras regiones. También contemplaba restricciones sobre inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
La caída de esas disposiciones no equivale, por sí sola, a borrar cualquier otra regulación aplicable a una operación inmobiliaria. Tampoco significa que el programa de ciudadanía incluya la entrega de campos, aunque facilita al máximo el camino para saltar la cerca. Son instrumentos diferentes cuya cercanía temporal abre una discusión política común: qué ofrece la Argentina para atraer dólares y qué exige a cambio.
Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía
El esquema anunciado contempla dos alternativas para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000, o la suscripción de un título público de USD 800.000, creado especialmente para el programa.
La diferencia económica es sustancial. En el primer caso, el dinero queda en el Tesoro sin devolución. En el segundo, se adquiere un instrumento negociable de deuda.
También podrán presentarse familiares. El aporte previsto para el cónyuge es de USD 100.000, al igual que para cada hijo de entre 18 y 25 años que sea soltero y no tenga hijos. Para los menores de 18 años, el monto será de USD 25.000 por persona.
Así, un solicitante, su cónyuge y dos hijos menores podrán tramitar la ciudadanía mediante aportes por USD 500.000. El desembolso no supone una aprobación automática: las solicitudes deberán atravesar el procedimiento de evaluación.
Inversión, recaudación y producción
El Gobierno presenta la iniciativa como parte de su estrategia de integración internacional y mejora del clima de negocios. Sin embargo, los mecanismos detallados tienen un destino fiscal y financiero explícito: reforzar la posición del Estado mediante aportes al Tesoro o colocación de deuda.
El comunicado oficial no vincula esas dos alternativas con obligaciones concretas de abrir una empresa, contratar trabajadores, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Por eso, el ingreso de divisas no puede contabilizarse anticipadamente como creación de capacidad productiva o empleo.
Aquí aparece una pregunta que el anuncio deja abierta: cuánto del capital captado terminará impulsando actividad económica y bajo qué mecanismos. La compra de un bono financia al Estado; una contribución no reembolsable le aporta recursos. Su impacto posterior dependerá, entre otras cosas, del uso de esos fondos.
Controles prometidos y detalles pendientes
La evaluación será encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad y del Interior. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá la decisión final sobre cada solicitud.
El Gobierno promete verificar identidad, antecedentes, situación patrimonial, historial migratorio y licitud y trazabilidad del origen de los fondos. Además, exige canalizar el dinero por el sistema financiero formal y anuncia estándares alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.
También menciona el asesoramiento de firmas internacionales especializadas, aunque no identifica cuáles son ni detalla sus condiciones de contratación. La transparencia prometida deberá poder comprobarse en la implementación, tanto en los controles como en la rendición de cuentas sobre los recursos.
De “casualidad”, en pocos días, la Argentina quedó con menos barreras específicas a la extranjerización de tierras rurales y presentó una vía de ciudadanía que tiene una zona gris llena de sospechas.