La Cámara de Diputados de la Nación Argentina debatirá hoy en un plenario de comisiones un proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con el objetivo de imponer penas de hasta 20 años de prisión a menores que cometan delitos graves. El debate se llevará a cabo a las 10 de la mañana en las comisiones de Legislación Penal y Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto, presididas por legisladores de distintos bloques.
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Baja de la imputabilidad a 14 años: debate clave en el Congreso
El debate sobre la imputabilidad se llevará a cabo hoy en las comisiones de Legislación Penal y Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto.
Este debate antecede a la sesión del miércoles al mediodía, impulsada por bloques opositores, donde se tratarán diversos proyectos relacionados con la investigación del escándalo de Libra. Mientras tanto, el oficialismo y el PRO buscan acordar un dictamen basado en la propuesta del Gobierno, aunque también se considerarán otras iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados.
La postura del gobierno y la oposición a la baja de imputabilidad
El Gobierno propuso originalmente bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero el consenso actual apunta a 14 años. Entre los legisladores que apoyan esta medida se encuentran el diputado massista Ramiro Gutiérrez, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y representantes de otros partidos como la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y la UCR.
Por otro lado, existen posturas divergentes. El diputado libertario Álvaro Martínez presentó un proyecto para reducir la edad de imputabilidad a 12 años, mientras que la legisladora de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, defiende mantener la edad actual e incluso plantea evaluar si un menor de 16 años comprende la gravedad de sus actos. Su propuesta incluye medidas de contención social en lugar de sanciones penales estrictas.
La reforma del Régimen Penal Juvenil contempla diversas sanciones además de la prisión, especialmente para delitos menores. Entre ellas se incluyen amonestaciones, restricciones de contacto con la víctima, prohibiciones de salir del país, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad.
Además, el proyecto pone énfasis en la resocialización de los jóvenes infractores a través de programas educativos, formación ciudadana, actividades deportivas y tratamientos médicos cuando sea necesario. También se prevé la creación de la figura del supervisor, un encargado de guiar y acompañar a los menores en su proceso de rehabilitación e integración a la sociedad.
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