El sobreseimiento del empresario Alejandro Verdenelli por el fatal accidente vial que terminó con la vida de Alan Villouta generó indignación en Mendoza. La resolución del Tribunal volvió a poner el foco sobre el accionar de la Justicia en los casos de siniestros viales. Anabel Fernández Sagasti manifestó públicamente su disconformidad.
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Anabel Fernández Sagasti criticó a la Justicia tras el sobreseimiento de Verdenelli por el caso Alan Villouta
La senadora nacional volvió a poner en discusión la responsabilidad penal en los accidentes viales y defendió el proyecto que impulsó en 2022. Qué dijo.
En sus redes sociales, la senadora nacional recordó la reforma de los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal que impulsó en 2022 con el objetivo de endurecer las penas para quienes protagonizan hechos de tránsito graves. "El mensaje de la Justicia es perverso: si atropellás, no socorrés y/o te fugás, esperás 24 horas y zafás del test de alcoholemia, la sacás barata", sostuvo Fernández Sagasti en su perfil de X.
Sagasti vinculó el caso con la iniciativa, la cual busca establecer penas más severas para quienes se fugan del lugar de un siniestro o no auxilian a las víctimas. Además, propuso incluir herramientas que sancionen conductas consideradas peligrosas al volante.
La reforma del Código Penal que impulsó Fernández Sagasti
Fernández Sagasti recordó que, tras un extenso debate, el proyecto obtuvo media sanción y planteó entre sus principales objetivos que la fuga luego de un siniestro vial sea considerada un delito inexcarcelable. "No más maniobras de impunidad", afirmó la senadora al defender la iniciativa.
Uno de los puntos centrales del proyecto es considerar la fuga como un agravante autónomo. Según explicó Fernández Sagasti, la normativa busca evitar que quien protagoniza un siniestro pueda beneficiarse del paso del tiempo para dificultar la realización de pericias fundamentales.
"Hoy, quien huye del lugar del hecho dilata el tiempo para evitar pericias clave como alcohol y drogas. Al entregarse al día siguiente, el sistema lo trata con benevolencia", cuestionó.
Penas más altas por fuga y falta de auxilio
Entre los ejes de la reforma mencionados por la senadora se encuentra el incremento de las penas para quienes se fugan o no socorren a las víctimas de un siniestro vial. La propuesta contempla una pena de 4 a 8 años de prisión, frente a la escala vigente de 3 a 6 años que Fernández Sagasti señaló en su publicación.
El proyecto también incorpora el concepto de "culpa grave", con el objetivo de sancionar conductas temerarias o irreflexivas al volante. Según explicó, esta figura busca que el riesgo provocado por una conducta extremadamente imprudente sea considerado penalmente, independientemente de que el responsable se haya fugado o permanecido en el lugar del hecho.
"El proyecto también agrava las penas para quienes conducen estando inhabilitados, cruzando en rojo o violando señales viales, con exceso significativo de velocidad", detalló.
"Huir es manipular a la Justicia"
Fernández Sagasti sostuvo que uno de los objetivos de la reforma es impedir que la fuga pueda convertirse en una estrategia para mejorar la situación procesal de quien protagonizó un siniestro. "La fuga tras un hecho de ese tipo deja de ser un ‘buen truco procesal’. Huir no es solo falta de empatía; es manipular a la Justicia", afirmó.
En la misma línea, señaló que la fuga puede entorpecer activamente la investigación, especialmente cuando impide realizar de manera inmediata pericias destinadas a determinar si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
"Darse a la fuga entorpece activamente la investigación. La ‘culpa grave’ le da a los jueces un marco objetivo para condenar la temeridad sin que el paso del tiempo", expresó la senadora.
El reclamo por el caso Alan Villouta
Al cerrar su publicación, Fernández Sagasti vinculó su reclamo con el impacto que el caso tuvo sobre la familia de Alan Villouta y otras víctimas de siniestros viales.
El pronunciamiento de la senadora se produjo luego del sobreseimiento de Alejandro Verdenelli, una decisión que volvió a instalar en el debate público la discusión sobre las responsabilidades penales en los siniestros viales, la fuga de los conductores y la necesidad de contar con herramientas legales que permitan preservar pruebas clave desde el momento mismo del hecho.