El gobernador Alfredo Cornejo reglamentó la ley de " Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado" que él envió a la Legislatura meses atrás, con el objetivo de una " mayor eficiencia en la administración" y a la vez un fondeo extra. Luego de la aprobación en la Legislatura, este martes se publicó la ley en el Boletín Oficial, que le permitirá al Gobierno avanzar con los diferentes puntos que plantea, entre ellos la venta de los activos del ahora ex canal Acequia, la transferencia de deudas de beneficiarios del Instituto Provincial de la Vivienda, la venta de bienes del Estado y algunas restricciones a licencias de los empleados públicos, modificaciones en un coeficiente de coparticipación, entre otras cosas.
- Sitio Andino >
- Política >
Alfredo Cornejo podrá avanzar con su plan para ahorrar y fondearse
El gobernador reglamentó la ley de "Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado" aprobada por la Legislatura. Los puntos que plantea.
Con la publicación en el Boletín Oficial quedó reglamentada la Ley 9550 y se podrá avanzar en estos aspectos que planteó el Ejecutivo, fundamentada en la necesidad de abordar aspectos claves para las reformas, centrándose en tres ejes principales: la gestión del recurso humano del Estado, el manejo eficiente de los activos y la participación de las municipalidades en los recursos de jurisdicción nacional y provincial.
Uno de los puntos destacados de la reforma es la regulación más estricta sobre los certificados médicos y las condiciones para percibir adicionales por organismos colegiados. Estas medidas buscan prevenir el abuso de licencias y optimizar la distribución del personal.
Las principales modificaciones
- Se modificó la Ley 9103, Régimen General Disciplinario para el personal comprendido en el Estatuto del Empleo Público, incorporando el inciso g) del artículo 5° que penaliza la presentación de certificados médicos falsos, y el inciso h), que trata sobre empleados públicos declarados judicialmente en quiebra, otorgándoles un plazo para sanear su situación.
- El proyecto también modifica la Ley 4322 sobre Remuneraciones al personal de la Administración Provincial y Municipal, estableciendo que los integrantes de Organismos Colegiados percibirán el ítem salarial correspondiente según las pautas que determine el Poder Ejecutivo.
- Se sustituyen los Artículos 49 y 52 de la Ley Nº 5811, estableciendo una indemnización compensatoria para los empleados que deban cesar en sus funciones por dolencias incapacitantes. Esta indemnización será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, con un límite de diez veces la remuneración mensual.
- La iniciativa prevé la posibilidad de que los empleados públicos soliciten licencias sin goce de haberes por razones particulares, con un límite de un año de antigüedad en la administración pública y sin afectar el servicio del área.
- Además otorga facultades al Instituto Provincial de la Vivienda para securitizar sus carteras de créditos y exenciones del Impuesto de Sellos para ciertas contrataciones, buscando mejorar la liquidez y capacidad de inversión en proyectos habitacionales.
- También actualiza las facultades del EPRE y el EPAS para la gestión de servicios de energía y saneamiento, y autoriza la venta de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a ex-bancos oficiales, previo a la individualización y autorización por ley.
- Otro de los puntos que plantea el proyecto es la modificación del Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal en la Ley 6396, con el objetivo de mitigar el impacto del dispar crecimiento demográfico entre municipios y promover un desarrollo equilibrado.
¿Para qué se venderá la cartera de deudores del IPV?
El Ejecutivo podrá avanzar en su plan para que un privado "compre" las hipotecas y así fondearse. "En los últimos años, se otorgaron préstamos ajustables al coeficiente de variación salarial, que rondan los $10.000 millones. Eso nos permitiría impulsar el plan de viviendas", destacó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, al momento de explicar el proyecto.
Así, lo que se propone es "mejorar la gestión de créditos del IPV, para aumentar la liquidez de la ejecución del plan de obras.
“Estamos proponiendo una posibilidad de vender la cartera de créditos del IPV para poder justamente otorgarle mayor liquidez al organismo y que pueda acelerar su plan de obras. Hoy el plan de obras del IPV es uno de los más importantes que está en ejecución en la provincia. Por un lado, tiene muchísimos activos, que son los préstamos y las hipotecas, que no son líquidas. Y, por otro lado, tiene una enorme necesidad de financiamiento. Lo que creemos es que esos activos tienen valor y que eventualmente se pueden vender para entregarle al organismo los fondos y que pueda seguir cumpliendo su objetivo de manera más oportuna, más rápida, más ágil”, comentó Fayad.
¿Por qué pone límites a los empleados públicos?
"En el año se presentan, para un total de 100 mil empleados, cerca de 35 mil certificados médicos. Esto lo estamos sistematizando para saber de qué organismos y de qué dependencia vienen, cuáles son las patologías, cuáles son los profesionales, y en función de eso tener más precisión para saber adónde poner el foco para darle un seguimiento más específico a la presentación de certificados médicos. Por supuesto, que esto ya ha tenido implicancias en la cesantía de algunos empleados", señaló Fayad.
"Creemos que incorporándolo explícitamente en las causales de cesantía en el Estatuto, el trámite será más ágil”, advirtió el ministro de Hacienda.
Los otros cambios respecto a los empleados públicos
Otro de los cambios en lo referido al recurso humano, tiene que ver con la indemnización por incapacidad absoluta: "La norma vigente tiene una lógica inversa a la que tiene la legislación laboral en el ámbito privado. Hoy se remunera más la incapacidad de empleados con mayor antigüedad, cuando la lógica de las indemnizaciones por incapacidad absoluta indica que tiene que guardar proporcionalidad con cuánto tiempo de vida laboral útil le queda a ese empleado, con lo cual estamos proponiendo invertir la lógica vigente y que sea directamente proporcional a la cantidad de años que le faltan al empleado para jubilarse ”, destacó.
En tanto, respecto a las licencias sin goce de haberes, sostuvo que “está previsto en el Estatuto, hoy a partir del sexto mes de trabajo el empleado puede tomarse una licencia sin goce de haberes por un año. Esto es muy laxo, proponemos ampliar la antigüedad mínima a un año y ser más restrictivos en la recurrencia del pedido de estas licencias. Queremos desalentarlo pero no restringirlo, porque el empleado está en su derecho de tomar esa licencia, del otro lado la gestión diaria se queda sin recurso y no puede reemplazarse, y se genera una pérdida de capacidad al organismo donde esa licencia se toma".
"Hoy, hay más de dos mil empleados usando la licencia sin goce de haberes. No se puede tomar más personal por la restricción de creación de nuevos cargos”.