La justicia condenó a seis propietarios de una vivienda de Tunuyán a pagar una indemnización de $178.992.480, más intereses, a los familiares de Jesús Andrés Rivas, un joven de 18 años que murió electrocutado en agosto de 2013. La sentencia civil atribuyó responsabilidad a los dueños del inmueble por las deficiencias de la instalación eléctrica.
Millonaria condena civil en Tunuyán: seis personas deberán pagar $178 millones
La justicia finalizó un juicio civil y condenó a seis personas por la muerte de un joven de 18 años que se electrocutó en Tunuyán.
La justicia civil dictó sentencia tras varios años de investigación.
Foto: Cristian LozanoEl fallo fue dictado por el Tribunal de Gestión Asociada Civil de Tunuyán, que analizó las condiciones de seguridad de la propiedad donde ocurrió el hecho.
La indemnización fue distribuida entre los familiares de la víctima en dos expedientes judiciales. La resolución también rechazó las demandas contra EDEMSA y la Municipalidad de Tunuyán, al considerar que no correspondía atribuirles responsabilidad por las deficiencias eléctricas internas de la vivienda.
Cómo fue el juicio civil por la muerte del joven electrocutado
El hecho ocurrió el 8 de agosto de 2013, cuando Jesús Andrés Rivas sufrió una descarga eléctrica dentro de la propiedad. Según los fundamentos de la sentencia, el inmueble presentaba cables expuestos, empalmes improvisados y carecía de puesta a tierra y de un disyuntor diferencial, elementos de protección que podrían haber evitado el desenlace fatal.
La Justicia consideró que esas condiciones comprometían la seguridad de quienes habitaban o ingresaban a la vivienda y atribuyó responsabilidad civil a sus propietarios por la muerte del joven.
Del monto total fijado, $70.513.600 corresponden a las dos hijas de Rivas, representadas por su madre. Los restantes $108.478.880 fueron establecidos para la conviviente y los padres de la víctima.
En conjunto, la condena asciende a $178.992.480, sin contar los intereses correspondientes. El fallo dispuso que el pago deberá concretarse dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede ejecutoriada.
La resolución pone fin a esta instancia del juicio civil, en el que se buscó establecer las responsabilidades y reparar económicamente a los familiares por las consecuencias de la muerte de Rivas.