Después de casi ocho años desde que se hicieron públicas las denuncias, la causa contra el exdocente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mauro Aguirre, tendrá su audiencia preliminar el próximo martes 27 de octubre, a las 11, en el Polo Judicial Penal. El expediente se inició a partir de las denuncias de seis estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes en diciembre de 2018 señalaron situaciones de violencia de género y abuso sexual.
Después de casi ocho años, fijaron la audiencia preliminar por las denuncias de abuso sexual en la UNCuyo
Seis estudiantes denunciaron en diciembre de 2018 situaciones de violencia de género y abuso sexual que involucraban al entonces docente Mauro Aguirre. Los detalles.
El caso generó un fuerte impacto en la comunidad universitaria mendocina y abrió un proceso judicial y administrativo que se extendió durante años. Para las denunciantes, el recorrido estuvo marcado por las demoras, las actuaciones judiciales y las consecuencias personales y académicas derivadas de los hechos denunciados.
El inicio de las denuncias por abuso sexual en la UNCuyo
Las denuncias tomaron estado público en diciembre de 2018, durante una asamblea de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes realizada en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En ese ámbito, seis estudiantes expusieron situaciones de violencia de género y abuso sexual que involucraban al entonces docente Mauro Aguirre.
Ante la repercusión del caso, el 19 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo de la Facultad resolvió activar el protocolo institucional para abordar situaciones de violencia de género. Meses después, en marzo de 2019, comenzó formalmente el proceso penal.
El caso trascendió el ámbito judicial y se convirtió en un tema de relevancia para la comunidad universitaria, donde la organización colectiva y el acompañamiento a las denunciantes adquirieron un papel central
El 10 de mayo de 2019, Mauro Aguirre fue detenido. En el marco de la investigación, también fueron imputadas otras tres personas vinculadas al expediente: Leandro Fontán, Lucía Fernández y Mario Codoni, señaladas como presuntos partícipes primarios de los hechos denunciados.
El avance de la causa penal coincidió con un proceso administrativo dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. En abril de 2021, tras un sumario que se prolongó durante aproximadamente dos años, el Consejo Directivo de la Facultad resolvió exonerar a Aguirre, la máxima sanción administrativa contemplada en ese procedimiento.
Las consecuencias personales y académicas para las denunciantes
A lo largo de los años, el proceso judicial representó un desgaste emocional para las denunciantes, que debieron atravesar distintas instancias, prestar declaraciones y volver sobre experiencias dolorosas mientras esperaban avances en la causa.
Las consecuencias también repercutieron en sus trayectorias personales, académicas y profesionales. Algunas estudiantes no pudieron continuar sus carreras en las mismas condiciones en las que las habían iniciado. Otras debieron modificar sus modalidades de cursado y rendir materias libres para evitar compartir espacios con personas vinculadas al entorno del denunciado.
A las situaciones de violencia denunciadas se sumó la exigencia de sostener durante años un proceso judicial que implicó reconstruir los hechos y enfrentar las dificultades que, según lo expresado por las denunciantes, atravesaron su búsqueda de justicia.
Una causa que interpela a la comunidad universitaria
La audiencia preliminar prevista para el 27 de octubre representa una nueva instancia en un expediente que lleva casi ocho años desde que las denuncias se hicieron públicas. Su realización vuelve a poner el foco en los tiempos judiciales y en las consecuencias que los procesos de esta naturaleza pueden tener para quienes denuncian.
El caso constituye un antecedente significativo para la comunidad universitaria mendocina y plantea la importancia de prevenir la violencia de género, garantizar mecanismos institucionales efectivos y brindar acompañamiento a quienes deciden denunciar.
Las denunciantes destacan el valor de la organización colectiva y del apoyo recibido durante estos años. También sostienen la importancia de mantener vigente lo ocurrido y de evitar que sus experiencias queden en el olvido.
