El máximo tribunal provincial anuló el fallo de 2023 y encontró responsable a la religiosa por cinco hechos de abuso sexual. Otras ocho mujeres quedaron absueltas.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a la monja Kumiko Kosaka por cinco hechos de abuso sexual cometidos contra alumnos y alumnas del Instituto Antonio Próvolo, en Luján de Cuyo. La decisión representa un giro respecto del fallo dictado en 2023, cuando la religiosa había sido absuelta junto a otras ocho mujeres que trabajaban en la institución.
La resolución del máximo tribunal provincial fue tomada por mayoría de dos votos contra uno. La jueza Teresa Day emitió el voto principal, al que adhirió la conjueza Silvina Miquel, mientras que el juez Julio Gómez se pronunció en disidencia y sostuvo que debía mantenerse la absolución.
De esta manera, la Corte dejó sin efecto la absolución de Kosaka y estableció su responsabilidad penal en cinco episodios, aunque también confirmó que la religiosa debía ser absuelta por otros hechos que habían formado parte de la acusación.
La sentencia establece que Kosaka fue responsable de cinco delitos sexuales contra exalumnos y exalumnas del Próvolo.
En dos de esos episodios, la religiosa fue considerada partícipe de abusos cometidos por el sacerdote Horacio Corbacho, quien ya había sido condenado a 45 años de prisión en el primer megajuicio por los hechos ocurridos en la institución.
Los otros tres casos corresponden a abusos sexuales simples, vinculados con tocamientos, por los que la Corte consideró que Kosaka actuó como autora.
El máximo tribunal llegó a esta conclusión después de revisar la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal Penal Colegiado Nº1, que había intervenido en el juicio de 2023. Según los fundamentos de la nueva resolución, las pruebas habían sido analizadas de manera fragmentada y no en forma integral, teniendo en cuenta el contexto general de los hechos investigados.
El fallo analiza los distintos expedientes que conformaron el segundo tramo de la investigación por los abusos cometidos en el Próvolo. Entre los hechos que fueron considerados acreditados aparece el caso de una alumna que denunció haber sido abusada sexualmente por Corbacho en un baño y que posteriormente sufrió un sangrado. Según su relato, Kosaka intervino después del abuso y le colocó pañales para ocultar las lesiones.
Otro episodio vinculado al sacerdote ocurrió cuando una alumna fue enviada por la religiosa a llevar tortitas a la habitación de Corbacho. La acusación sostuvo que, una vez dentro del cuarto, la joven fue abusada por el sacerdote y que la intervención de Kosaka contribuyó al desarrollo de ese episodio.
La Corte también encontró acreditados tres hechos de abuso sexual simple por tocamientos. En uno de ellos, una exalumna denunció que Kosaka le había tocado los pechos; en otro, la víctima sostuvo que la religiosa había tocado a ella y a otra compañera mientras se bañaban; y en el tercero se investigó un tocamiento de los pechos por encima de la ropa.
Además, en otro expediente, un exalumno denunció que Kosaka lo tocaba y que también se hacía tocar por él, hecho por el cual la Corte también estableció su responsabilidad como autora de abuso sexual simple.
En tanto, el máximo tribunal mantuvo su absolución en uno de los episodios de abuso sexual simple y también descartó su responsabilidad por un hecho de encubrimiento. De acuerdo con los fundamentos difundidos tras el fallo, en este último caso no se pudo acreditar que la religiosa conociera que una alumna había sido abusada por otro trabajador del instituto. Por lo tanto, la condena quedó limitada a cinco hechos, mientras que el resto de las acusaciones no prosperó.
El fallo de la Suprema Corte también resolvió la situación de las otras mujeres que habían sido llevadas a juicio junto con Kosaka. En este caso, el máximo tribunal confirmó las absoluciones dictadas en 2023 para la monja Asunción Martínez, la exrepresentante legal del instituto Graciela Pascual y otras mujeres que se desempeñaban en el establecimiento.
La acusación contra varias de ellas estaba vinculada con una supuesta participación por omisión, es decir, con el planteo de que habrían conocido o advertido situaciones de abuso y no las habían denunciado.
Sin embargo, la Corte consideró que no había elementos suficientes para acreditar que esas mujeres hubieran omitido denunciar los abusos con conocimiento de lo que ocurría.
El 18 de octubre de 2023, el Tribunal Penal Colegiado N°1 absolvió a las nueve mujeres que habían llegado a juicio, entre ellas Kosaka, Martínez y Pascual. El tribunal estaba integrado por las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Renna y Belén Salido.
La decisión había generado conmoción entre familiares de las víctimas, algunos de los cuales abandonaron la sala durante la lectura del fallo.
La Fiscalía y los representantes de las víctimas apelaron aquella resolución y llevaron el planteo ante la Suprema Corte. Ahora, casi tres años después, el máximo tribunal provincial revisó la valoración de la prueba y llegó a una conclusión diferente respecto de Kosaka.
La condena de la Suprema Corte no determina todavía cuántos años de prisión deberá cumplir Kosaka. El expediente deberá regresar al tribunal de grado, que tendrá que realizar el denominado juicio de cesura, instancia en la que las partes podrán plantear qué pena consideran adecuada de acuerdo con los delitos por los que fue encontrada culpable.
La escala penal que corresponda dependerá de la calificación definitiva de los hechos y de las circunstancias que sean consideradas al momento de determinar la pena.
Por eso, el próximo paso será definir la sanción concreta para la religiosa, que hasta ahora no tiene una pena establecida en esta nueva etapa del proceso.
El caso Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre de 2016, cuando una denuncia permitió iniciar la investigación por los abusos sexuales cometidos durante años contra niños, niñas y adolescentes sordos que concurrían o residían en el instituto de Luján de Cuyo.
La investigación derivó en varios procesos judiciales. En el primero de ellos fueron condenados los principales acusados por los abusos.
Horacio Corbacho recibió una pena de 45 años de prisión y Nicola Corradi fue condenado a 42 años, mientras que el exjardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años. En un juicio abreviado, el exmonaguillo Jorge Bordón había sido condenado previamente a 10 años de prisión.
Esas condenas fueron posteriormente revisadas y quedaron firmes en las distintas instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Mendoza y, en los casos correspondientes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
