El fiscal Javier Giaroli, pieza clave en la causa que instruye la fiscalía de Malargüe.
Prensa Poder JudicialDos padres habrían abusado de sus hijos, grabando videos de las vejaciones y compartiendo las imágenes a través de una aplicación. Así de escabroso es el caso de corrupción de menores ocurrido en Malargüe, según revelaron a SITIO ANDINO fuentes vinculadas a la investigación.
Todo comenzó hace pocas semanas cuando una organización no gubernamental de Estados Unidos, el Centro Nacional PARA Menores Desaparecidos y explotados (NCMEC, según su denominación en inglés), descubrió en internet las imágenes.
Esta organización trabaja con el departamento de justicia norteamericano, organismos policiales y profesionales que asisten en las temáticas relacionadas con la desaparición o explotación sexual de menores, y con el aval del Congreso de los Estados Unidos instauró una modalidad de denuncia virtual que se denomina CyberTipline que centraliza todas aquellas denuncias tanto de usuarios particulares como de las empresas proveedores de servicios electrónicos, redes sociales como Facebook, Twitter, también los prestadores de correos electrónicos como Hotmail, Microsofot, Google.
Estas empresas proveedores de este tipo de servicios con asiento en Estados Unidos están obligadas por una ley federal a denunciar todo este tráfico de material de explotación sexual infantil.
Los analistas de NCMEC revisan los reportes y los derivan al país correspondiente ya sea por la información que allí obran de las direcciones IP, intervienen en el incidente en sí, o información que consigne el usuario de abonados telefónicos, los prefijos internacionales, entre otra información que puede contener el reporte.
Como desde 2013, en Argentina se firmaron convenios entre los Ministerios Públicos Fiscales de diferentes provincias, reciben mediante una red privada virtual, y tras pasar por protocolos de seguridad, se da la información correspondientes a los fiscales de las diferentes jurisdicciones donde pudiera haberse registrado el delito, para actuar en consecuencia.
Fue así que el fiscal Javier Giaroli, quien tiene la competencia para intervenir en este tipo de casos en el sur provincial, al tomar conocimiento de los videos que fueron descubiertos en red, inmediatamente ordenó una serie de allanamientos que se realizaron esta mañana en la ciudad de Malargüe.
Específicamente se buscó a las personas ya identificadas en esos videos: los posibles progenitores de las criaturas que habían abusado, corrompido y grabado esos actos sexuales contra los menores.
Giaroli junto a su secretaria Sol Rodríguez, personalmente dirigió las actuaciones de hoy, y contó el apoyo exclusivo de Gendarmería Nacional, cuyos expertos registraron los domicilios y secuestraron numerosos elementos que entienden pueden conformar parte del ya abundando plexo probatorio contra los acusados.
La imputación, justamente, es amplia y grave: va desde abuso sexual a corrupción de menores, agravadas no sólo por el vínculo familiar entre victimarios y víctimas, sino también por las edades de las criaturas.
En efecto, este medio supo que en uno de los videos pudo observarse al padre grabando a su hija de sólo 9 años en una situación sexual; y ese video se lo envió mediante una aplicación a su pareja.
Esta, a su vez, realizó el mismo tipo de vejámenes con su bebé de menos de dos años de edad, que también grabó y se lo reenvió al hombre.
Ambas personas, cuyos nombres se reservan para evitar la identificación directa de los menores, fueron detenidas en el operativo que filmó Televisión Andina de Malargüe, a través del trabajo del periodista Claudio Altamirano.
Estas personas serán ahora trasladadas a San Rafael, donde el magistrado en las próximas horas elevará la acusación formal para el control jurisdiccional y audiencias de prisión preventiva que correspondan.