Otra vez Mendoza es la excepción a la regla: todas las provincias menos la nuestra y Tierra del Fuego han adherido a la ley nacional de discapacidad 24901, que garantiza la cobertura de las obras sociales ante los tratamientos y rehabilitaciones de pacientes con capacidades diferentes.
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Ley de Discapacidad: nuevo pedido para que Mendoza adhiera a la norma nacional
Se convocaron en la Legislatura para pedir a los diputados el compromiso político para aprobar esta ley. Aseguran que las obras sociales mendocinas reconocen sólo el 30% de los tratamientos, cuando deberían cubrir la totalidad.
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Por esta situación, unos 50 discapacitados y sus familiares se reunieron en la legislatura provincial para mostrar su rechazo al proyecto de salud presentado por el ejecutivo y pidiendo la inmediata adhesión a la ley nacional, sancionada hace casi 15 años.
Según comentaban los asistentes, en la actualidad las obras sociales locales, sobre todo Osep, reconocen un porcentaje de los gastos por tratamiento y rehabilitación que rara vez llega al 40%, cuando la ley indica que debe cubrirse la totalidad de los gastos.
Esto es una discriminación total, las personas que tienen obras sociales provinciales tienen que hacerse cargo de casi la totalidad de los tratamientos, mientras que las nacionales cubren todos los medicamentos, como tiene que ser. Además de nacer con una discapacidad, nuestros hijos tienen la mala suerte de haber nacido en Mendoza, aseguró Laura Triviño, madre de un niño de 8 años con discapacidad.
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Gustavo Arenas fue el único legislador que atenció a los familiares de discapacitados
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Decir que no hay presupuesto es una barbaridad, no se están reconociendo derechos que están garantizados en la constitución nacional y por tratados de derechos humanos. El proyecto de ley del ejecutivo es sólo una buena intención y se deja el tratamiento de los discapacitados librado a cuanto dinero se junte en el fondo provincial, aseguró Juliana Fraccia, abogada representante de los padres de discapacitados.
En la legislatura, los manifestantes fueron recibidos por el diputado Gustavo Arenas, quien les mostró su compromiso con la causa y prometió hacer lo posible para que los proyectos de adhesión sean tratados antes de que termine la actual gestión.
Claramente acá hay intereses que prefieren evitar que los discapacitados mendocinos sean incluidos en la ley nacional, esto seguramente tiene que ver con los costos y el financiamiento, es evidente que hay intereses encontrados, aseguró el Arenas a SITIO ANDINO.