La denuncia la había radicado a fines de mayo el titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, quien, entre varios puntos, aseguraba que habían 17 proveedores que ofrecían sus servicios a la firma para explotar sales de potasio en Malargüe, que invirtieron y contrataron personal, y que no percibieron los pagos correspondientes.
Sin embargo, luego de reunir una serie de medidas, la magistrada archivó ayer la causa, entendiendo que no existió delito.
En ese sentido, fuentes cercanas a ella afirmaron que, de existir alguna irregularidad, debería ser un incumplimiento de contrato, algo que debería ser investigado por la Justicia Civil la fiscal Ríos no tendría competencia en ese caso-.
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El expediente que instruyó la fiscal Ríos tuvo 12 cuerpos y a lo largo de este mes de investigación se sumaron varias pericias que le sirvieron a la magistrada para demostrar la inexistencia de alguna irregularidad penal.
Entre ellas, citó a declarar a las empresas involucradas, visitó la Minera en Malargüe junto a personal de Científica y peritó cada rincón de la firma. Además, pidió informes a contadores y su equipo de trabajo realizó un informe al respecto.
Fuimos a las oficinas pero no se pudo demostrar un perjuicio por un ardid o engaño. En todo caso existe un incumplimiento contractual, explicaron desde la fiscalía especial.
Así las cosas, la denuncia radicada por Ferrer quedó sin efecto. Ahora, si el titular del CASEMI así lo prefiriera, se deberá determinar si la Justicia Civil puede actuar al respecto por lo mencionado anteriormente.
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