Lo hizo el juez Casanello en la causa por presunto lavado de dinero. Además, rechazaron la recusación presentada por el empresario contra la jueza que investiga la supuesta extorsión al financista Elaskar.
El juez Sebastián Casanello avanzará con nuevos allanamientos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez. Para el curso de este jueves, el magistrado ordenó procedimientos en tres propiedades del empresario patagónico.
Anoche, la Justicia allanó la sede central del Banco de Santa Cruz con el objetivo de conocer el contenido de 14 cajas de seguridad de Báez, mientras que para hoy el juez dispuso, por pedido del fiscal Guillermo Marijuán, procedimientos en la chacra donde vive el empresario, en las afueras de Río Gallegos, la casa donde supuestamente se habría desmantelado una bóveda, y también en una estancia y en un galpón, según precisaron fuentes judiciales a minutouno.com.
En tanto, el juez evalúa un pedido de Marijuán, quien consideró que la causa en la que está acusado Báez por supuesta extorsión al empresario Federico Elaskar, otro de los imputados de la causa de lavado, debe ser anexada a la principal de lavado de dinero.
En ese expediente, ayer a última hora la jueza de instrucción María Gabriela Lanz rechazóel pedido de apartamiento que efectuó la defensa de Báez, según indicaron las fuentes consultadas.
Además de los allanamientos, entre las medidas a adoptar, el juzgado a cargo de Casanello prepara nuevos exhortos a la justicia de otros países: pedirá cooperación de Uruguay, Suiza, Panamá y Nassau para que remitan información sobre cuentas bancarias de empresas sospechadas en el expediente para seguir la ruta del dinero.
La nueva ronda de allanamientos de la causa comenzó a la medianoche, luego de que, por exhorto, el magistrado ordenó una medida en el Banco de Santa Cruz donde se encuentran 14 cajas de seguridad que Báez posee en la institución. Según las fuentes consultadas, se habrían llevado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad para ser analizadas por Casanello.
Los procedimientos fueron solicitados la semana pasada por Marijuán, pero el juez Casanello recién ordenó varias medidas luego de que un fallo de la Cámara Federal habilitó su competencia en los casos de las denuncias relacionadas con las propiedades del empresario en el sur del país.
Fuentes de la investigación informaron que el juez ordenó una inspección en la chacra donde supuestamente se habría desmantelado una bóveda, según la denuncia de la diputada Elisa Carrió, para ocultar y destruir prueba de la causa madre de lavado de dinero.
El fiscal Marijuán requirió que un equipo de peritos especialistas en planimetría, fotografía y químicos realice la inspección en el sótano de la chacra de Báez para que informen si es posible que en ese lugar haya existido una bóveda.
También se ordenó un allanamiento en una estancia ubicada a menos de 100 kilómetros de Santa Cruz, Alquinta, desde donde se habrían llevado documentación de la causa, y en un galpón de propiedad del empresario.
Entre las medidas figura la citación a prestar declaración testimonial a Sergio Triviño, un empleado de Lázaro Báez que fotografió el supuesto desmantelamiento de la bóveda en resguardo de su vida.
El juez Casanello ordenará además a la AFIP que le remita informes financieros de Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, del empresario. Además de las solicitadas respecto de la sospechada SGI, que fue del imputado Federico Elaskar.
También requirió informes de Vanquish Capital Group, entre otras empresas, sobre Néstor Marcelo Ramos, quien controlaría la firma Helvetic Services Group, que compró SGI, y del ex funcionario de ENARSA Jorge Norberto Cerrota, entre otros.
Casanello también deberá decidir si pide que se anexe a su causa la denuncia del fiscal de instrucción José Campagnoli, en la que se acusa a Lázaro Baez de extorsionar a Elaskar en la compra de la financiera SGI. En esta causa ya fue citado Báez a prestar declaración indagatoria, pero ayer la defensa del empresario recusó a la jueza María Gabriela Lanz, quien rechazó el pedido de apartamiento.
