Desde el mismo momento en que lanzaron la reforma del Consejo de la Magistratura, en el Gobierno tenían claro que el principal obstáculo para poder concretarla estaba en los tribunales de todo el país. Por eso, la estrategia fue siempre apostar a la Corte Suprema.
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Reforma del Consejo: el Gobierno retrasa la apelación y apuesta todo a la Corte
En la Casa Rosada buscan que el máximo tribunal tenga que expedirse de forma exprés, con el cierre de listas encima. Esperarán una sentencia firme para utilizar el mecanismo del per saltum. Una versión indica que los jueces de la Corte podrían fallar en contra. El acuerdo opositor no avanza.
Según el diario Clarín, la idea oficial es seguir estirando los plazos para que los planteos de inconstitucionalidad lleguen a la Corte sobre el cierre del plazo legal para la presentación de candidatos, el próximo 22 de junio. Así, los jueces se verían forzados a expedirse de forma exprés. La jueza María Servini de Cubría ya avisó que resolverá sobre la cuestión de fondo en la segunda semana de junio, de modo que el Gobierno tendría una sentencia para poder recurrir a la Corte mediante un per saltum.
Pero en la Corte no todas podrían ser buenas noticias para el Gobierno. Una versión recorre este domingo los diarios Clarín, La Nación y Perfil: el máximo tribunal tiene decidido rechazar la reforma impulsada por el Gobierno. Aunque puede que no sean más que especulaciones, habría que recordar otros en los que desde los pasillos de Tribunales, los cortesanos anticiparon sus movimientos.
La oposición, sin definiciones
Desde un primer momento, en la oposición tiene un objetivo muy claro en este tema: aspiran a que la Justicia frene la elección popular de los consejeros de la Magistratura, una norma que consideran "groseramente inconstitucional".
El plan B se viene negociando desde hace varias semanas y desde la UCR lo dan por hecho: el . Desde los otros sectores que conformarían ese acuerdo (PRO, FAP y un sector del PJ disidente) son más moderados. Otra parte del antikirchnerismo directamente se diferenció: Adolfo Rodríguez Saá ya se lanzó y el pacto Elisa Carrió-Pino Solanas cada vez más lejos de sumarse.
La decisión de los jueces Alfredo Eugenio López y Martín Alberto Martínez le dio algo de aire a los negociadores de la oposición que, como anticipó LPO, no se ponen de acuerdo en cómo decidir a sus candidatos.
Aunque aseguran que todavía no se habló de nombres para la boleta, la UCR ya hizo circular su intención de postular a Julio César Strassera para encabezar una lista con especialistas en temas jurídicos. Sin embargo, en el resto de las fuerzas no están de acuerdo en postular a una figura de marcada identificación con el radicalismo.
Esta semana, los apoderados de la UCR, el PRO, el FAP y Unión Celeste y Blanco volverán a reunirse para tratar de pulir las diferencias y tratar de avanzar en un consenso para definir los nombres de la boleta. También deben que acordar los aspectos legales de la alianza que se conformaría, la cual debe ser presentada el día 12 de junio.
Lo que sí parece estar definido es el nombre: Frente por la Justicia Independiente (FJI).
Fuente: La Política Online
