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Dos jueces frenaron el cambio del Consejo de la Magistratura
Un magistrado de Mar del Plata y otro de San Nicolás suspendieron con medidas cautelares la elección de los consejeros por considerar que puede ser inconstitucional.
La causa de Mar del Plata fue promovida por el colegio de abogados de esa ciudad; la que recibió Martínez en San Nicolás, por el colegio nicoleño. Pero además, este juez dictó ayer otra resolución casi igual en un planteo que había realizado, a título personal, el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Ricardo De Felipe.
La FACA nucleó la estrategia judicial que los abogados desplegaron por todo el país. En dos días hubo unas cien presentaciones contra la reforma del Consejo, según sus cómputos. También promovieron acciones la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país; un grupo de camaristas, ciudadanos particulares y los principales partidos opositores.
El principal fundamento de los jueces López y Martínez para hacer lugar ayer a las cautelares fue que la reforma, según un primer análisis, parece contradecir el artículo 114 de la Constitución Nacional, que dice que "el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal".
Hasta ahora, los consejeros jueces y abogados eran elegidos por sus pares. La ley que votó el Congreso, en cambio, establece que los elija la ciudadanía, mediante el voto popular, y que sólo puedan postularse dentro de las listas de los partidos políticos.
"El esquema de la ley cuestionada no solo atenta contra el equilibrio exigido constitucionalmente -sostuvo el juez de San Nicolás-, sino que también obliga al abogado matriculado, potencial miembro del Consejo, a abandonar el ámbito de su colegiación e incorporarse a un determinado partido político, con lo que también se aprecia que el mentado equilibrio entre lo político y otros estamentos no políticos queda frustrado."
Además, consideró que la "hegemonía política" también se advierte en las mayorías, menos exigentes, que la reforma requiere para seleccionar y suspender jueces.
En el mismo sentido, el juez López dijo que la nueva ley "afectaría el equilibrio y la representación" prevista por la Constitución.
Con estos argumentos, los magistrados dieron por satisfecha la "verosimilitud del derecho", uno de los requisitos para conceder una medida cautelar. Los otros dos son el "peligro en la demora" (según ellos, justificado por la cercanía de las elecciones) y la "contracautela", garantía que se exige a quien promueve la medida; en estos casos fueron "juratorias".
Camino a la Corte
Ahora, el Gobierno debe decidir la estrategia a seguir. Si apelará ante las cámaras de Mar del Plata y Rosario (alzada de San Nicolás) o presenta un per saltum . "No está definido, pero hasta ahora no era la idea forzar a la Corte a una definición ya", dijo a LA NACION un funcionario que suele participar en las estrategias judiciales del Gobierno. Relató que también se pensó la posibilidad de sostener que sólo la Justicia de la Capital Federal es competente en estos casos.
"Se usarán todos los instrumentos que la ley nos permita", dijo el diputado Carlos Kunkel. Él no interviene en las causas, pero afirma que a los jueces que pretendan "co-gobernar" e ignorar la voluntad ciudadana "no les va a terminar yendo bien".
Sea cual sea el camino, acabará en la Corte, que ya hizo saber que quiere que el tema esté resuelto lo más rápido posible. Abogados y jueces consultados por LA NACION dijeron que ellos, en caso de recibir un fallo adverso, recurrirán al per saltum .
"La reforma es de una constitucionalidad absoluta", sostuvo ayer la diputada Diana Conti. Ella dijo a LA NACION que el kirchnerismo le va a "exigir" a la Corte que haga una "interpretación integral" de las normas que se cuestionan. Su argumento es que fue gracias a una "interpretación integral y no literal" que el Congreso dejó en poder del máximo tribunal la administración de los recursos del Poder Judicial, como la Corte pretendía, pese a que el artículo 114 de la Constitución dice que es el Consejo el que debe "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto".
Los fallos de Martínez y López fueron los primeros, pero se espera que la semana próxima se multipliquen las sentencias sobre la reforma; alguna de ellas será la que trate la Corte.
Los magistrados que fallaron
Martín Alberto Martínez
Juez federal de San Nicolás
Se inició como empleado en el Poder Judicial bonaerense. Fue varios años secretario del juzgado que hoy conduce
Es uno de los primeros jueces en fallar en favor de los jubilados, tras el antecedente del caso Badaro contra la Anses
De estricto bajo perfil, no suele tener contacto con la prensa. Anoche trascendió que, después de firmar el fallo, salió de vacaciones
Alfredo López
Juez federal de Mar del Plata
Dictó fallos adversos a los topes mínimos para la aplicación del Impuesto a las Ganancias, la aplicación de la resolución 125 y el cepo cambiario
En 2002, hizo lugar a un amparo y liberó 14.000 recursos contra el corralito
Intervino en la causa del "abuelito", que recurrió a la Justicia porque las restricciones para la compra de divisas le impedían regalar dólares a sus nietos
Fuente: La Nación