Guillermo Moreno y las grandes cadenas de supermercados tendrán su propio convenio dentro del gran acuerdo de congelamiento de precios de 500 productos. El secretario de Comercio Interior les garantizará a los privados que no tendrán mayores molestias con la fiscalización de los movimientos políticos kirchneristas, si se cumple con tres condiciones básicas en el pacto: que los productos tengan los precios negociados, que estén en las góndolas y que los supermercados ayuden y guíen a los clientes a ubicarlos. Coto, Carrefour, Disco-Jumbo y Walmart cumplirán a rajatabla el pacto morenista, aunque ya saben, por haber hablado con otras fuentes y funcionarios del Gobierno nacional, cuál es la realidad de las fiscalizaciones de los movimientos kirchneristas. Éstos no tendrán "poder de policía", cualquier sanción eventual sería absolutamente "ilegal" y hasta inconstitucional y la tarea de estos militantes del control de precios sólo podrá remitirse a elevar informes hacia la secretaría de Moreno. Esto determinaría que, en definitiva, pase lo que pase, todo terminaría donde la negociación comienza, en un encuentro entre los supermercados y el secretario.
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Moreno y los súper acuerdan que los militantes no molestarán
El secretario de Comercio Interior les garantizará a los privados que no tendrán mayores molestias con la fiscalización de los movimientos políticos kirchneristas.
Hasta ahora no se habló de sanciones, ni multas ni nada similar; y se supone que el acuerdo funcionará viento en popa, al menos con los supermercados. Más teniendo en cuenta que el resto de las góndolas Coto, Walmart, Jumbo-Disco y Carrefour podrán ofrecer los precios que consideren convenientes según la clásica fórmula oferta-demanda.
El principal temor que en principio tenían los supermercadistas era que se conformaran brigadas políticas controlantes con poder sancionatorio por parte de los militantes políticos kirchneristas. El temor de los privados era que en el caso de que se determinara que agrupaciones como La Cámpora, Movimiento Evita, Miles, Kolina o similar tienen capacidad sancionatoria; se estaría incurriendo en una ilegalidad, ya que no hay norma escrita específica que obligue a los supermercados a tener precios determinados ni, mucho menos, a que haya grupos políticos que puedan aplicar multas. En concreto, afirman los supermercadistas, constitucionalmente y en teoría que el "poder de policía" lo tendría la Secretaría de Defensa del Consumidor o Moreno, pero sin una norma explícita vigente para saber cuál podría ser una eventual sanción. Para esto, debería haber una nueva ley que explicite cuál sería el delito concreto que se estaría violando si se ofreciera un precio superior al acuerdo o si un producto no existiera; pero igualmente, podría haber alguna presentación judicial que determine que otorgarles "poder de policía" a los militantes pueda ser inconstitucional.
Esto fue explicado por un alto funcionario del Gobierno a los privados, para darles tranquilidad sobre los verdaderos pasos que se van a dar con el acuerdo. Se les explicó, además, las necesidades "políticas" en las que se mueve el kirchnerismo en esta etapa, y el "pedido" para que acompañen el congelamiento y el acuerdo con los 500 productos. Los privados prometieron apoyo con un "cuenten con nosotros".
Fuente: Ambito Financiero
