Fraude millonario en el Ministerio de Salud: dura imputación para los cuatro sospechosos

Por los delitos imputados, cada uno de los imputados debía quedar preso, sin embargo, la defensa pidió mantener la libertad de los sospechosos, por lo que los investigadores accedieron al pedido, fijando una fianza real de 50 mil pesos.

Esto significa que cada uno de los imputados tendrá cinco días hábiles para depositar en el banco la suma solicitada por la Justicia. Si esto no se cumple, los sospechosos serán detenidos y trasladados a la penitenciaría.

Las imputaciones se realizaron esta mañana luego de que la fiscal que interviene en la causa, Claudia Ríos, sumara una serie de pruebas para sostener la acusación.

El viernes inspeccionó las oficinas del Departamento de Matriculación y durante el fin de semana, allanó las viviendas de los sospechosos.

Mientras tanto, ya comenzó la auditoría para revelar la cantidad de damnificados que tiene el caso. En las primeras horas, ya fueron más de 100 los recibos apócrifos que fueron secuestrados por los peritos.

Además, en las medidas se secuestraron sellos que no pertenecían a esa sección (eran de tesorería) y documentación varia, que servirá para el avance de la pesquisa.

Para los investigadores, no se descarta que haya más personas involucradas en dichas irregularidades. Incluso, algunas fuentes consultadas hasta pusieron la lupa en las imprentas que imprimían los boletos falsos.

Qué delitos se les acusa y qué pena tienen

A partir de hoy, los cuatro sospechosos deberán iniciar un largo proceso judicial en el que serán investigados por la presunta comisión de tres delitos.

El primero de ellos será por “asociación ilícita”. Este delito está plasmado en el artículo 210 del Código Penal, y establece que “será reprimido con prisión de 3 a 10 años, el que tomare parte de una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la organización”.

Para los jefes y organizadores de la asociación, el mínimo de la pena sería de cinco años de prisión, aunque en este caso los investigadores aclararon que “no existirían jefes” en dicha asociación.

El segundo de los delitos es la "falsificación de instrumento privado" (por el sello), explicado en el artículo 292. Este establece que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero, será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a dos años si se tratare de un instrumento privado”.

En tanto que el tercer delito indilgado fue el “fraude a la administración pública”. Para sostener dicha acusación, la fiscal se basó en el artículo 174 inciso 5, que dice que “sufrirá prisión de dos a seis años el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

“Ninguna interpelación”

El gobierno desestimó la intención de la oposición que el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, se sometiera a una serie de preguntas ante el caso, en la Legislatura.

Fue el propio vicegobernador quien ratificó que el ministro no dará ningún tipo de explicaciones, aunque sí aclaro que si él lo requiere podrá ir a la Casa de las Leyes para colaborar con la causa, tal como lo hizo con la denuncia que ratificó en su momento.

Legisladores opositores habían pedido la presencia de Díaz Russo para que de explicaciones acerca del caso que ahora tiene cuatro imputados.