Comienza el juicio al dueño de la fábrica de implantes defectuosos

En el banquillo estará acompañado por cuatro de sus antiguos empleados en su empresa Poly Implant Prothèse (PIP), cuyo titular puede enfrentar una condena de hasta cinco años de cárcel por engaño agravado y estafa, aunque la instrucción por la sospecha de lesiones físicas imprudentes aún no concluyó. No la tiene fácil: como demandantes ya figuran más de 5 mil mujeres de todo el mundo, desde que en marzo de 2010 se enteraron de que sus implantes son susceptibles a sufrir roturas, por lo que fueron retirados del mercado. En 2005 las rupturas de prótesis habían empezado a multiplicarse, y ya en 2000 los norteamericanos ya las habían prohibido, por utilizar hidrogel y suero fisiológico.

La situación se agravó a finales de 2011, cuando las autoridades sanitarias francesas recomendaron, en una iniciativa sin precedentes, que se retiraran los implantes de PIP de las mujeres afectadas. A esa altura se estimaba medio millón de implantes efectuados en todo el mundo, incluida Latinoamérica.

Un tercio de las demandantes y comerciantes de todo el mundo no sólo demandaron a PIP, también iniciaron una querella civil contra la certificadora alemana TÜV Rheinland, pidiendo una indemnización de más de 50 millones de euros, aunque la entidad germana también se presenta como víctima. El propio Mas, de 73 años, reconoció haberla engañado durante años, ocultándole "como rutina" todos los documentos que pudieran ser sospechosos. Le pudo ser fácil porque TÜV anunciaba sus visitas siempre con diez días de antelación.