La Oficina del Procurador General ordenó este viernes que la Policía Federal abra una investigación sobre las denuncias hechas por el operador de Mensalao, Marcos Valerio de Souza, contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ex ministro Antonio Palocci.
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Investigarán a Lula por el mayor caso de corrupción en Brasil
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Según declaró Valerio ante el Fiscal General de la República, Roberto Gurgel, el ex presidente Lula habría protagonizado, entre otras cosas, la negociación por una transferencia de US$ 7 millones realizada por una empresa de telecomunicaciones al PT, según publicó el diario Folha.
El dinero, que habría ingresado a Brasil por diferentes cuentas, presuntamente fue usado para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral de 2002.
Por su parte, Lula siempre sostuvo que "no hubo un Mensalao" porque, según indica el ex mandatario, su partido, el PT, ya se había asegurado una mayoría en el Congreso a través de alianzas políticas. "Si alguien es encontrado culpable, debe ser castigado y si alguien es encontrado inocente, debe ser absuelto", aseguró el año pasado.
La fase procesal del juicio comenzó en agosto del año pasado y, de los 37 acusados, la corte declaró culpables a 25, entre quienes están el ex ministro de la Presidencia José Dirceu, al ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) José Genoinoy al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.
Dirceu fue durante décadas la "mano derecha" de Lula y cuando este llegó al poder fue nombrado ministro de la Presidencia, un estratégico cargo desde el que se controlan todos los resortes políticos del Gobierno y al que tuvo que renunciar cuando estalló el escándalo, a mediados de 2005.
Según estableció la corte, Dirceu fue el "articulador político", "jefe" e "ideólogo" de toda la trama y fue declarado culpable de los delitos de corrupción activa y asociación ilícita, por los que está pendiente de sentencia.
El máximo tribunal brasileño finalizó la fase de sentencias del juicio por escándalos de corrupción con penas que, sumadas, llegan a 250 años y un mes de cárcel.
Los últimos tres condenados fueron el ex presidente de la Cámara baja y diputado Joao Paulo Cunha, el ex legislador Roberto Jefferson, quien denunció el escándalo a mediados de 2005, y el ex tesorero del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués) Emerson Palmieri.
Las penas incluyeron sanciones pecuniarias que, sumadas, se situaron en torno a los US$ 10 millones.
Fuente: Infobae
