A un año de la tragedia de Once, elevaron la causa a juicio oral y público

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia de Once, que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, la Justicia envió la causa a juicio oral. De esta manera serán juzgados ex funcionarios, empresarios y hasta el maquinista que conducía el tren el pasado 22 de febrero.
  
Fuentes judiciales indicaron que la resolución involucra a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, de los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, y el maquinista Marcos Córdoba, entre otros.
  
Los ex funcionarios y empresarios están acusados por "estrago culposo y administración frauduelta", delitos que pueden deparar penas de prisión de cumplimiento efectivo en un futuro juicio oral pese a que actualmente todos los acusados están libres.
  
También integran el listado de acusados los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, el ex subsecretario de Transportes de la Nación Antonio Luna y todo el directorio de Cometrans y de TBA, ambas empresas del grupo Cirigliano.
  
Córdoba será juzgado por "estrago culposo" al considerarse que hubo una actitud imprudente en la conducción de la formación que chocó dentro de la estación.
  
Pero más allá del envío del caso a juicio, Bonadio seguirá con otro tramo de la causa porque la Cámara le ordenó citar a declaración indagatoria a todos quienes estuvieron al frente de la Secretaría de Transportes de la Nación desde el inicio de la concesión dada a Trenes de Buenos Aires.
  
En otro juzgado, el federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, comenzó desde diciembre a tramitarse de manera separada la causa que investiga la ruta del dinero, es decir, el destino dado a millones de pesos en subsidios estatales entregados a la concesionaria y la cadena de controles sobre el mismo.
  
A lo largo de casi un año de investigación, la Justicia concluyó que el servicio del Sarmiento se prestaba con "graves deficiencias" por parte de la ex concesionaria TBA y que los funcionarios del área "permitieron su continuidad sin adoptar medida alguna tendiente a modificar la vergonzosa realidad", según el fallo de la sala II de la Cámara que abrió las puertas al futuro juicio oral.
 
En el expediente judicial se da por probado un "accionar delictivo", además de "desapego y total ausencia de atención a la forma en que eran mantenidos los bienes concesionados y al modo en que se prestaba el servicio y se velaba por la propia seguridad de los usuarios", en lo referido a los entonces funcionarios.
  
Sobre los empresarios, se concluyó que permanecían "ajenos a las viscisitudes propias de la explotación del servicio, pese a que esta última era la propia razón de su existencia".