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Rajoy busca limitar el derecho a manifestarse para desalentar las protestas contra el ajuste
El gobierno consideró que la ley es "muy permisiva y amplia" con el derecho a reunión. Además, pretende reformar el Código Penal para endurecer las penas. Anuncian nuevas protestas y manifestaciones.
Las centrales obreras mayoritarias y cientos de organizaciones sociales volverán a manifestarse el 7 de octubre, mientras se estudia la convocatoria de una nueva huelga general en España antes de Navidad y el movimiento de los indignados lanzó una propuesta global para el 13 de octubre (13-O).
La dirigente del PP recibió fuertes críticas en los últimos días tras intentar instalar la idea de que las protestas contra el ajuste son golpistas, al sostener que grupos neonazis participan del movimiento social que convocó la protesta 25-S. Rodea el Congreso.
"El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", insistió hoy en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE).
No obstante, Cifuentes plantea la restricción del derecho de manifestación como una cuestión de orden público: El derecho a manifestarse debe compatibilizarse con el derecho a circular, para que no haya incidentes, sostuvo.
Si bien reconoce que el derecho de manifestación es constitucional y no necesita autorización previa, señala que la ley es de 1983 y, por lo tanto, tiene muchos años".
Asimismo, la delegada del Gobierno volvió a defender la represión de la protesta del 25-S (25 de septiembre), que se saldó con 64 heridos y 35 detenidos: llamaban a ocupar el Congreso y la policía preservó el Estado de Derecho", dijo. En foros de Internet se llamaba a cometer actos violentos", añadió.
La convocatoria 25-S. Ocupa el Congreso luego Rodea el Congreso- fue impulsada desde las redes sociales por un grupo integrado en el movimiento de los indignados, que llamó a los ciudadanos de toda España a rodear el Parlamento de Madrid en forma indefinida hasta conseguir la dimisión del gobierno.
Antes de que se llevara a cabo la protesta, ocho activistas que promovieron la acción fueron imputados por un delito contra altos organismos de la Nación, penado con hasta un año de prisión, en los casos en que se promuevan o dirijan acciones para impedir el normal funcionamiento de las instituciones.
Además, los manifestantes detenidos el 25 de septiembre durante la represión policial que tuvo lugar en la Plaza Neptuno, también podrían afrontan los mismos cargos después de que ayer un juez de Madrid rechazó procesarlos y los envió a la Audiencia Nacional, que previamente había desestimado juzgarlos.
Los convocantes de la protesta y la oposición de izquierda denunciaron que se produjo un abuso policial y pidieron que se investigara la presencia de policías de civil entre los manifestantes, que lanzaron objetos a los agentes antidisturbios y desencadenaron la represión, algo que se pudo ver claramente en fotos y videos que circulan en Internet.