Este mediodía el Tribunal de Enjuiciamiento decidió continuar con el jury contra las tres juezas de familia del Valle de Uco acusadas de mal desempeño de sus funciones, y ahora será la Corte quien decida qué ocurrirá con los tres departamentos que momentáneamente se quedan sin magistrados.
En una votación de 11 a favor y 9 en contra, el Tribunal decidió continuar con el juicio político contra María Lizán, Susana Barrigón y Adriana Rodríguez, todas acusadas por mal desempeño en sus funciones por supuestas adopciones ilegales.
Las magistradas fueron suspendidas de sus funciones y percibirán el 50% de sus haberes hasta que finalice el juicio político. Con esta situación, Tupungato, Tunuyán y San Carlos quedan, momentáneamente, sin jueces de familia, situación que deberá resolver la Corte Suprema.
Las tres juezas están siendo investigadas por haber otorgado en adopción a al menos dos bebés sin cumplir con la normativa correspondiente.
En base a esto, están sospechadas de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, adulteración de documentos públicos, prevaricato y supresión de identidad a menores de 10 años. Según consta, los bebés habrían sido entregados a matrimonios domiciliados en Buenos Aires, quienes, en principio, habrían falsificado su domicilio en Tunuyán.
Fue un debate prolongado desde el punto de vista ético. Ahora se notificará a los miembros sobre lo ocurrido y en los próximos 30 días para que se presente la defensa, explicó el legislador Aldo Vinci, miembro del jury.
En tanto, Juan Carlos Jalif, sostuvo que se trató de uno de los jury más complejos que hemos tenido, y ahora será la Corte quien resuelva la situación del Valle de Uco.
Mientras tanto, en los próximos 30 días el Procurador General de la Corte será el encargado de presentar la acusación para dar comienzo al juicio político que podría finalizar con la destitución de las juezas.