Pidieron el Jury de Enjuiciamiento para tres juezas por irregularidades en la adopción de bebés
Lo solicitaron el Juez Oscar Balmes y la Tercera Sala de la Suprema Corte. Las magistradas denunciadas son María Lizán, Susana Barrigón y Adriana Rodríguez, titulares de los Juzgados de Familia de Tunuyán y Tupungato.
Luego de una larga investigación que se inició a fines del año pasado el titular del Primer Juzgado de Instrucción, Oscar Balmes, y la Sala III de la Suprema Corte de Justicia, a cargo del ministro Pedro Llorente, solicitaron el Jury de Enjuiciamiento para tres juezas por irregularidades en la adopción de bebés.
El requirimiento de investigación, recayó sobre María Elisabeth Lizán, del Primer Juzgado de Familia de Tunuyán, Susana María Barrigón, del Segundo Juzgado de Familia del mismo departamento, y Adriana Beatriz Rodríguez, del Juzgado de Familia de Tupungato.
Estas magistrados están siendo investigadas por haber otorgado en adopción a al menos dos bebés sin cumplir con la normativa correspondiente.
En base a esto, están sospechadas de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, adulteración de documentos públicos, prevaricato y supresión de identidad a menores de 10 años.
Esto, según explicaron fuentes judiciales, es porque los bebés fueron entregados a matrimonios domiciliados en Buenos Aires, quienes, en principio, habrían falsificado su domicilio en Tunuyán.
Para solicitar la adopción en el Registro Civil de Tunuyán o Tupungato, hay que estar domiciliado en estos departamentos. En el caso de que sean de otra jurisdicción, deben inscribirse en el Registro Civil central de Mendoza. Por allí vienen las irregularidades, indicó una alta fuente judicial.
Lo cierto es que los matrimonios bonaerenses tienen en su poder a los dos bebés y por esto, el abogado Edgardo Valles denunció ante la Justicia esta supuesta irregularidad.
Ante esto, según contaron los investigadores, se inició un sumario administrativo en diciembre. La pesquisa llevó a entender que las irregularidades las cometieron las magistradas antes señaladas.
Teniendo en cuenta que los jueces tienen fueros y para ser investigados penalmente tienen que ser destituidos, fue que se solicitó el Jury de Enjuiciamiento.
Así las cosas, el máximo tribunal, compuesto por diputados, senadores y jueces, se reunirá en las próximas semanas y decidirá si continuar o no con la acusación. Paralelamente, se llevará adelante la investigación penal.