5 de noviembre de 2026
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Grecia se comprometió a "acelerar" las privatizaciones

El primer ministro griego informó esto en una carta entregada a sus pares reunidos en la cumbre de Bruselas. A cambio, reclama una "serie de modificaciones" en el programa de ayuda.

Por Sección Economía

El primer ministro griego, Antonis Samaras, se comprometió a "acelerar" las reformas reclamadas por sus acreedores, dando prioridad a las privatizaciones, en una carta entregada a sus homólogos reunidos en la cumbre de Bruselas, de la que la AFP obtuvo una copia.

"Voy a acelerar la aplicación del programa, poniendo el acento en la agenda de privatizaciones", promete en la misiva entregada por el presidente Carolos Papulias, que le reemplaza en Bruselas, ya que Samaras se encuentra convaleciente de una reciente operación en un ojo.

A cambio, el nuevo primer ministro griego reclama una "serie de modificaciones" en el programa de ayuda, para "controlar el desempleo sin precedente en Grecia y la devastadora recesión que el país sufre desde hace cinco años consecutivos". "Estas modificaciones serán también necesarias para lograr los objetivos del programa", sostiene.

El Fondo de Explotación del Patrimonio privado del Estado, una agencia establecida por exigencia de los acreedores del país (la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional) se encarga de pilotar el programa de venta de activos públicos con el que se esperaba obtener 19.500 millones de euros para finales de 2015 con el objetivo de ayudar a Grecia a salir de la crisis.

Sin embargo, este programa está muy atrasado, deploró la Comisión Europea. Sólo se han obtenido 3.000 millones de euros de la venta de bienes públicos, según las indicaciones proporcionadas en Bruselas.

Una misión de la Troika (UE-BCE-FMI) viajará la semana próxima a Grecia, del 3 al 12 de julio, para hacer balance de la aplicación de las reformas impuestas.

Samaras no fue más preciso en su pedido de "modificación" del plan de ayuda, pero el nuevo gobierno de coalición griego ya ha pedido que se amplíe en dos años, hasta el 2016, el plazo para el saneamiento de las finanzas públicas, así como el abandono o la congelación de varias medidas, entre otras la reducción en 150.000 del número de funcionarios para 2015 prevista en dicho plan.

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