Que la investigación no se detenga con la detención de una persona parecería ser la premisa que parte desde el ministerio de Seguridad y que tiene como fin que se realice un proyecto de ley que permita la desfinanciación de los delincuentes.
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El Gobierno busca desfinanciar a los delincuentes
Intentarán rastrear los movimientos financieros que realicen las personas acusadas de algún ilícito. Esto permitirá, además, demostrar la procedencia del dinero utilizado para pagar fianzas y abogados.
La propuesta implica que una vez que se detenga a una persona la investigación continúe, no solo por el lado judicial, sino por el de Hacienda donde deberán investigar los movimientos financieros de cada preso.
Este proyecto fue anunciado dentro del paquete de medidas contra la inseguridad dados a conocer por el ministro de Seguridad Carlos Aranda, y que contempla un trabajo en conjunto con Seguridad y Hacienda.
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Carlos Aranda junto al viceministro Emilio Caram y Alejandro Gil de Relaciones con la Comunidad.
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La idea es realizar un trabajo en conjunto desde Seguridad e Inteligencia criminal y Tributaria del ministerio de Hacienda a fin de sistematizar una base de datos para tener el activo y prontuario de cada uno de los delincuentes y de las personas que usan de testaferro para identificar la ruta del dinero, dijo Aranda.
Este trabajo impedirá, por ejemplo, que los detenidos sigan operando y trabajando desde las cárceles.
Para ilustrar la propuesta, Aranda puso como ejemplo el sistema chileno en el cual si alguien cae por temas relacionados con las drogas, inmediatamente se procede a la incautación de todos sus bienes.
Esta investigación, también, permitirá conocer la procedencia del dinero utilizado para el pago de excarcelaciones y abogados.