En un hecho inédito para los funcionarios y empleados judiciales del sur mendocino, el fuero penal obtuvo el certificado de calidad de las normas Iram Iso 9001-20015, tras aprobar dos auditorías que revelaron un servicio de justicia ágil, efectivo y transparente.
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El fuero penal del sur mendocino recibió el certificado de calidad ISO 9001
Así como desde 2019 lo viene logrando la Primera Circunscripción, este año, la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza se vio honrada con este certificado, como consecuencia fundamentalmente de un trabajo exitoso en la realización de las audiencias previstas para las causas penales que tramitaron y/o continúan en el sur provincial.
Cabe recordar que en el año 2018 se produjo una profunda reforma en la distribución de tareas cuando se creó en Mendoza el Fuero Penal Colegiado, coordinado por el ministro de la Corte, José Valerio.
Habiendo dejado atrás los viejos juzgados de Instrucción y las Cámaras del Crimen, que eran los que desarrollaban las etapas procesal inicial y las sentencias correspondientes, respectivamente, los magistrados ingresaron en una modalidad colectiva que los agrupó en ambas instancias.
Así, los jueces de garantías, que son los que generalmente llevan adelante las audiencias de prisión preventiva, pasaron a conformar el denominado Juzgado Penal Colegiado. En San Rafael lo integran los jueces Gabriel Ravagnani, Claudio Gil, Laura Vera y Sergio González.
En tanto, aquellos magistrados que otrora actuaban ante recursos de alzada o directamente en los debates orales y públicos para resolver las causas, en las viejas Cámaras del Crimen, ahora forman parte de lo que se denomina Tribuna Penal Colegiado; siendo sus integrantes en el surmendocino: Ariel Hernández, Jorge Yapur Meca, Julio Bittar, Rodolfo Luque, Néstor Murcia y la única mujer, la jueza María Eugenia Laigle.
Cada uno de ellos, tanto el Juzgado Colegiado como el Tribunal Penal, tienen sus respectivas Oficina de Gestión Administrativa Penal, conocidas en el fuero por sus siglas: OGAP. La primera de ellas, a cargo de la abogada Alejandra Martín, de amplia y reconocida trayectoria en diversos juzgados penales; en tanto que doctora Claudia Sraik, una eficiente funcionaria también con varios cargos ocupados en los tribunales, está al frente de la oficina del Tribunal Penal. Estas oficinas son, en efecto, las encargadas de desarrollar la tarea administrativa que tiene como principal objetivo la eficiente y transparente realización de las audiencias para las causas que tramitan ante estos fueros.
Ciertamente, en medio de la pandemia, la tarea resultó sumamente desafiante, ya que de un día para otro, dejaron de realizarse en forma presencial y hubo que adecuarse al moderno sistema que vino para quedarse, donde las partes están presentes on line: a veces con el acusado detenido en la cárcel, el defensor en su estudio, el fiscal en su oficina y el magistrado en su despacho.
El éxito sorprendió no sólo por la rapidez con que se alcanzó a lograr la realización de las audiencias, sino también porque simplificó aspectos que desde afuera pueden resultar menores, pero que internamente se sabe que implican todo un movimiento de piezas que por tradicionales no dejan en muchos casos de ser vetustas, como por ejemplo, el traslado de los presos en vehículos, con custodia y otros cuidados.
La agilidad fue otro aspecto que se alcanzó con creces. Es así como procesos que anteriormente demoraban varios días y hasta semanas, ahora se resolvían en cuestión de horas y a veces sólo de minutos.
Pese a la desafiante tarea de hacer coincidir los tiempos de jueces, con los de fiscales, defensores, testigos, peritos, etc., lo cierto es que apenas fracasaron en la realización a horario menos del 7% de los audiencias.
Allí, hay que señalar el exponencial crecimiento de las audiencias para decidir la suerte de los aprehendidos por la violar el art. 205 del Código Penal cuando estaba prohibido salir a la vía pública en cuarentena sin los permisos correspondientes, lo que hizo que se acumularan casos de a miles particularmente en el año 2020; pero tanto los magistrados como los empleados de las respectivas OGAP, tuvieron un nivel de eficiencia notable que impidió que se entorpeciera o demorase la tarea judicial.
Otro aspecto a destacar, es el nivel de transparencia que se ha alcanzado en estos tribunales, lo que ha permitido mejorar apreciablemente la comunicación de las decisiones judiciales para los casos de interés público.
Es que, a partir de una coordinación permanente con la oficina de Prensa del Poder Judicial, a cargo de Martín Ahumada, todos los casos que son requeridos por la prensa, llegan a la comunidad gracias al registro audiovisual y su disponibilidad on line. Esto permite a la ciudadanía conocer, por ejemplo, qué pasó con tal o cual acusado, si hubo condena o no ante determinado hecho penal de interés y, básicamente, las razones que determinan las decisiones judiciales en las causas que tramitan en estos juzgados.
Hoy por hoy, si bien quedan aspectos a mejorar en la coordinación horaria, para permitir a los fiscales tener más tiempo en la preparación de sus respectivos casos, que en ciertas ocasiones llegan a resultar más de una decena por jornada, lo cierto es que el certificado de calidad obtenido por administrativos y funcionarios judiciales del sur mendocino, permite reconocer que el objetivo constitucional de afianzar la justicia se está cumpliendo cada vez en mayor medida en el Poder Judicial provincial.